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domingo 2 de abril de 2017, 01:00

Cartes y Lugo se deben hacer cargo de la violencia generada

El condenable asesinato del joven Rodrigo Quintana, por parte de una policía que salió a reprimir como en la peor época dictatorial, asaltando el local del PLRA sin ninguna orden judicial, al igual que el ataque vandálico de manifestantes que incendiaron el Parlamento, fueron el trágico desenlace de una crisis política provocada principalmente por el presidente Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo, en su obsesión y su ambición por obtener la reelección, violando la Constitución Nacional. Cartes ha tardado en dar la cara, pero le echa la culpa a otros y Lugo sigue en silencio y sin aparecer, mientras prosiguen con su plan de rekutu, como si nada hubiera ocurrido. Ojalá que esta irresponsabilidad no ocasione aún mayores daños al país.

Solo en las peores épocas de la dictadura hubiéramos esperado que la policía asalte la sede del principal partido político de oposición, sin orden judicial, entrando a disparar y a golpear salvajemente a quienes estaban adentro, asesinando con balas reales de escopeta a Rodrigo Quintana, de 25 años de edad, militante de la juventud del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la madrugada de ayer.

Condenamos el bárbaro crimen, ejecutado por agentes policiales bajo el esquema criminal represivo de la época stronista, al igual que repudiamos los hechos vandálicos cometidos por manifestantes en la noche del viernes, cuando ante la llamativa ausencia de la policía tomaron por asalto el edificio del Congreso y le prendieron fuego, además de destruir locales comerciales y vehículos particulares.

No hay que perder de vista, sin embargo, que los trágicos hechos de violencia fueron un lamentable corolario de una crisis política provocada por el oficialismo colorado del propio presidente de la República, Horacio Cartes, junto con su aliado el ex presidente Fernando Lugo, quienes operaron una maquiavélica campaña para imponer un proyecto de enmienda de la Constitución e introducir la figura de la reelección por la fuerza, a pesar de que la Carta Magna no lo permite.

La ambición y obsesión desmedida de Cartes y sus seguidores por retener el poder por otro periodo presidencial, así como la de Lugo y sus seguidores del Frente Guasu, junto a su principal aliado, el disidente liberal Blas Llano, han despertado el repudio ciudadano al atracar el Congreso para autoproclamar un Senado paralelo, recibir el proyecto de enmienda en una parodia de sesión parlamentaria y aprobarla en otra sesión fabricada a puertas cerradas.

Si esperaban que no haya ninguna reacción ciudadana ante tamaño atropello al estado de derecho, pecaron de ingenuos o de soberbios. La explosión de la ira popular, tras una salvaje represión policial en la tarde del viernes, finalmente se descontroló y derivó en la toma y el incendio del Parlamento, con su lamentable corolario represivo y criminal, que costó la vida del joven Rodrigo Quintana.

Tras un largo silencio, Horacio Cartes compartió dos comunicados en los que lamenta la violencia y llama a la pacificación, pero no asume su gran cuota de responsabilidad. Por el contrario, le echa la culpa a "un grupo de paraguayos empotrados en la política y en medios masivos de comunicación", a quienes acusa de "querer destruir la democracia". Fernando Lugo, por su parte, ni siquiera dio señales de vida y solo su organización política, el Frente Guasu, ensayó un tibio comunicado.

Es de esperar que ambas figuras políticas se hagan cargo de la situación que originaron, y recapaciten debidamente, antes de que la continuidad de la crisis ocasione más muerte y daños al país.