El presidente Horacio Cartes hizo un guiño a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y su correligionaria la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, seguirá manejando un promedio de 5 millones de dólares por año, recursos provenientes de la perforación de registros de conducir.
Cartes firmó el decreto por el cual objeta totalmente el proyecto de ley Nº 5799/2017 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”. Ahora vuelve nuevamente a la Cámara de Senadores.
En cuanto a los Municipios, desde la Presidencia de la República señalan que el proyecto de ley plantea modificaciones que atentan contra la autonomía municipal consagrada en el Artículo 168, Numeral 8 de la Constitución Nacional.
La asesoría jurídica de la Presidencia de la República a cargo del ministro Sergio Godoy, argumentó en el veto que el citado proyecto de Ley modifica de forma y de fondo lo establecido por la norma vigente, definiendo conceptos de manera imprecisa, creando además un nuevo sistema para la programación de políticas, planes y programas de seguridad vial.
Cuestiona que el mismo otorga facultades y atribuciones a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, sin considerar el funcionamiento de otras instituciones que también regulan la materia.
En ese sentido, desde la Presidencia de la República señalan que actualmente existen varias instituciones que intervienen en el servicio de transporte y en el tránsito vehicular terrestre como la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatrán), el Viceministerio de Transporte; la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera; la Policía Municipal de Tránsito dependiente de los Municipios de la República, las cuales se verían profundamente afectadas por el proyecto de ley.
“Quedan plasmadas las significativas implicancias del proyecto en estudio, principalmente, por vulnerar el sistema ya existente y por ocasionar contraposiciones con el orden jurídico vigente, excluyendo innecesariamente competencias de instituciones dedicadas exclusivamente al ámbito del tránsito y transporte público e incluso afectando atribuciones constitucionales de los municipios”, sentenció el Ejecutivo.
Entre las principales modificaciones planteadas por el Congreso está bajar a 16 años la edad para manejar motos, suprime límites de velocidad y a la institución encargada de manejar licencia de conducir.
La misma planteaba la exclusión de la Opaci del manejo directo de las licencias de conducir, como es en la actualidad.
Cercenamiento. El Ejecutivo en su decreto indica que la Dinatrán se vería totalmente cercenada y excluida del proyecto de ley N° 5799/2017. Situación similar ocurre con el Viceministerio de Transporte, dependiente del MOPC. Establece que la misma será el organismo del Estado con autoridad competente para atender en materia de tránsito en la red vial nacional y tendrá por función, el control, vigilancia y patrulla general del tránsito terrestre en puestos camineros fijos y en operaciones de patrullajes móviles permanentes a nivel nacional.
El artículo 14 del proyecto de ley establece un órgano consultivo de seguridad vial, en el cual no se encuentra incluida la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera. Y que estaría privando a la Patrulla Caminera de los ingresos que siempre fueron invertidos en dicha institución.
Rechazo “por afectar seguridad vial”
El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley Nº 5799/2017 de tránsito y seguridad vial, que había sido sancionado por el Congreso Nacional en setiembre a través de ratificaciones de la Cámara de Senadores, donde se elaboró la nueva legislación rechazando la propuesta de la Cámara de Diputados de modificar solo algunos artículos de la actual Ley 5016/2014 de Tránsito.
En la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República se señaló que se decidió vetar el proyecto de una nueva ley de tránsito y seguridad vial porque “modifica de forma y de fondo lo establecido por la norma vigente, definiendo conceptos de manera imprecisa, creando además un nuevo sistema para la programación de políticas, planes y programas de seguridad vial, otorgando facultades y atribuciones a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), sin considerar el funcionamiento de otras instituciones que también regulan la materia”.
En el veto se señala además que reducir la edad mínima para conducir motocicletas a 16 años se contrapone “a una legítima seguridad vial”. No se ha tenido en cuenta que estadísticamente la mayoría de los accidentes de tránsito tienen como involucrados a personas de entre 15 a 29 años de edad.
El análisis de la asesoría jurídica indica que otro de los puntos considerados por el Ejecutivo es el caso de la Patrulla Caminera, que en el proyecto de ley se le excluye del órgano consultivo de seguridad vial de la ANTSV, y a la vez se la priva de sus ingresos que son invertidos en la institución, al suprimir los juzgados de faltas y traspasar sus recursos a un tribunal administrativo nacional.
Desde el grupo “Ya estamos cansados de sus leyes” que se atribuye la gestión de la nueva ley ante el Senado, anuncian que volverán a cerrar las calles en protesta por el veto y que estarán trabajando con los senadores para revertir el veto que dicen beneficia a la Opaci en el manejo de las licencias de conducir. El actual director ejecutivo de la ANTSV, Justo Domínguez refirió que la legislación que salió del Parlamento afecta la seguridad jurídica del país, no solo al crear una superestructura que debe tener gran cantidad de funcionarios, sino también hasta por pasar por encima del Código Civil.