La firma Tape Porã fue beneficiada para la concesión y mantenimiento de un tramo de 113 kilómetros de la ruta 7. Mediante una maniobra entre legisladores oficialistas con el apoyo de liberales y oviedistas, se tomó la decisión de anticipar 7 años la renovación de la concesión a la empresa.
A cambio, Tape Porã se compromete a invertir USD 130 millones para duplicar 4 carriles de 113 km de la ruta 7. Es en la zona comprendida entre el km 183 de Caaguazú hasta el km 296 de Minga Guazú. Según habían informado los directivos, la empresa recauda G. 80.000 millones al año en los dos peajes de la ruta 7.
objeciones. Entre algunos cuestionamientos que surgieron contra la intención de conceder la ampliación a favor de la firma, aparece el artículo 5 de la Ley 1618/00 que establece la obligatoriedad de la licitación pública. Mientras que el artículo 10 prohíbe a los parientes de las autoridades del Estado postularse para concesiones. Este es uno de los puntos más polémicos en vista que desde el Congreso hablan de un negocio familiar, ya que el papá del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es directivo de la firma Conempa, que a su vez es accionista de Tape Porã.
Ante esta situación, Ramón Jiménez Gaona decidió apartarse de todo el proceso y dejar en manos de su viceministro de Obras, Juan Manuel Cano. Este manifestó que no observan ninguna colisión con los artículos que fueron mencionados anteriormente. Además, el artículo 20 prohíbe prorrogar la concesión sin licitación.
Desde la presidencia de la República consideran que la ley es el camino más viable en vista a que habrá una inversión de la empresa privada y ayudará a mejorar la circulación de vehículos en la zona.
