EFE
El nombramiento se dio a conocer en la página de la Presidencia, donde aparece firmado por Cartes, que el martes mantuvo una entrevista con Benítez antes de darse a conocer su cese de la jefatura de la FTC.
El mandatario evitó este miércoles hacer declaraciones a la prensa durante un acto castrense al que asistió en un cuartel de Asunción, y se desconoce la versión oficial sobre los motivos del cambio.
Benítez fue apartado del cargo una semana después del asesinato de tres operarios de una explotación ganadera, crimen que el Gobierno atribuye al EPP.
Tras su cese Benítez expresó su descontento a diferentes medios locales y dijo que se debe a que “militares de mayor jerarquía o mayor edad quieren poner a sus candidatos”.
El militar lamentó su destitución y recordó que desde que asumió el cargo, en agosto de 2014, la FTC mató a 10 presuntos miembros de la Agrupación Campesina Armada (ACA), una escisión del EPP.
El EPP, grupo al que el Gobierno atribuye 42 asesinatos desde 2008, año de su creación, mantiene secuestrado desde hace 271 días al policía Edelio Morínigo, por cuya libertad exige un canje por guerrilleros encarcelados.
Se trata del secuestro más largo perpetrado hasta la fecha por el EPP.
Nada más asumir la Presidencia, en agosto de 2013, Cartes decretó una serie de modificaciones de la ley de Defensa Nacional que le otorgan el poder para usar al Ejército en conflictos internos sin necesidad de declarar una emergencia nacional.
La nueva legislación dio como resultado la creación de la FTC, que opera en los departamentos norteños de Concepción, San Pedro y Amambay, y está compuesta por militares, policías y agentes antidroga para luchar en el terreno contra el EPP, en cuyas filas hay entre 20 y 40 personas, según el Gobierno.
Se trata de una de las zonas más pobres de Paraguay, muy cerca de las ciudades fronterizas con Brasil, que son consideradas un bastión del crimen organizado dedicado al narcotráfico internacional.
Además, el Ministerio de Defensa aumentó su presupuesto un 28% en 2014 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los USD 44,4 millones, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.