El presidente Horacio Cartes desafió a empresarios, contadores y abogados tributaristas, y ratificó su pleno respaldo a la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González. El mensaje enviado desde Mburuvicha Róga demuestra la dura postura del Ejecutivo que defiende la polémica norma (Decreto 6560/16), que modifica varios aspectos relacionados con la liquidación del impuesto a la renta personal.
“La reunión se desarrolló en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, ocasión en que el presidente Cartes le manifestó su total respaldo, a fin de seguir realizando gestiones que apunten a una mayor equidad tributaria en el país”, apareció en la cuenta oficial de la presidencia de la República, luego de la reunión que la secretaria de Estado mantuvo con el presidente.
González evadió a la prensa y no brindó declaración tras el encuentro. El respaldo presidencial se da en medio de un fuerte debate sobre la intención de no modificar el citado Decreto 6560/16, promulgado en diciembre pasado y que puso en vigencia una nueva reglamentación para el pago del IRP. Esta medida no es aceptada por referentes del sector empresarial.
Además hay serios cuestionamientos sobre la actuación de la viceministra, debido a que una firma vinculada a su familia, de nombre Auditores, Contadores & Consultores (Audicon), llamativamente duplicó la cantidad de contratos y fondos establecidos con varias instituciones públicas.
inconstitucionalidad. La viceministra había participado en una audiencia pública en el Congreso, en donde tuvo que confrontar con tributaristas, abogados, parlamentarios y autoridades de Hacienda. La misma manifestó que el Decreto 6560/16 no es retroactivo porque solamente precisa y se ajusta a lo que dice la Ley 4673/12 del IRP.
González señaló que los cambios establecidos por el Poder Ejecutivo están generando molestia a grandes contribuyentes porque se frenó el abuso de las deducciones con dudosas inversiones. Al mismo tiempo, la viceministra desafió a los empresarios a accionar judicialmente contra las normativas que consideren que lesionan sus derechos.
“Desde Hacienda hemos soportado numerosas amenazas de inconstitucionalidad, es algo común ya desde el 2013. Lo que podemos decir es que la única institución que puede declarar o no la inconstitucionalidad de una norma es la Corte Suprema de Justicia”, había retrucado a los cuestionamientos.
Los empresarios amenazaron con judicializar las medidas tomadas por el Gobierno. Adelantaron que esperaban hasta esta semana una respuesta de la SET, caso contrario, recurrirán a la Corte.
Nora Ruoti, una de las reconocidas abogadas tributaristas del país, manifestó: “Basta de dictadura de formularios y maltrato a los contribuyentes y profesionales contables. Basta de cambios a última hora cuando han tenido todo el año 2016 para hacerlo”.
Por su parte, Sebastián Acha, ex diputado de Patria Querida, manifestó que el espíritu es confiscatorio antes que formalizador. Agregó que la modificación del IRP es inoportuna e inconstitucional.
