El presidente de la República, Horacio Cartes, nuevamente aclaró que entregaron al Congreso un presupuesto responsable en el que se pueda garantizar el 100% de ejecución.
“Yo creo que ya no hay forma de revertirlo”, fue la respuesta del mandatario al ser consultado sobre el incremento presupuestario aprobado en la Cámara de Senadores para el año 2015 con relación a la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda.
Cartes comentó que esa propuesta era realista y se garantizaba la ejecución del 100% al no estar inflado y evitar que posteriormente se hable de una baja ejecución presupuestaria.
“Se buscaba esa responsabilidad de ofrecer lo que uno tiene y no poner uno lo que uno no puede tener y después se entra en la especulación de baja ejecución”, expresó el presidente de la República durante una visita en la ciudad de Villeta para observar la reparación de la ruta a Alberdi.
La Cámara Alta aprobó varios incrementos durante el estudio del plan de gastos estatales. Además, incluyó el saldo de los bonos soberanos (USD 745 millones), que no había sido previsto inicialmente.
El Presupuesto 2015 remitido por el Poder Ejecutivo ascendía a G. 62 billones 222.000 millones (USD 13.238 millones), y la Cámara de Diputados lo elevó a G. 63 billones 272.000 millones (USD 13.462 millones). Con los incrementos aprobados ayer, más lo que había dictaminado la Comisión de Hacienda, el Senado dejó el Presupuesto en G. 63 billones 75.000 millones (USD 13.424 millones).
Entre los aumentos aprobados figuran el 10% de incremento salarial para los docentes que prestan servicio bajo la figura de hora/cátedra; la creación de 5.000 cargos y el aumento del subsidio familiar para el personal de blanco; y 15.000 millones más para el Hospital de Clínicas.
También se aprobó la equiparación salarial para el personal civil del Ministerio de Defensa, lo cual tendrá un costo de G. 12.000 millones el próximo año, ya que se aplicará recién desde junio.
Además, el Senado decidió dejar sin efecto la incorporación de Diputados a la nueva matriz salarial.
El Ejecutivo había argumentado que el registro de los fondos aumentaría el déficit fiscal y se sobrepasaría el 1,5% del PIB, establecido como tope en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
