23 abr. 2024

Cartes aceptará donación de Marina Cué para “dar por acabado el tema”

Finalmente el presidente Horacio Cartes aceptará la donación de Marina Cué por parte de la empresa Campos Morombí, en medio de un litigio por las tierras donde se produjo la muerte de 17 personas en junio del 2012.

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En Marina Cué fallecieron 11 campesinos y seis policías en el 2012.| Foto: Archivo ÚH.

El mandatario comentó que estuvo conversando sobre el proyecto sancionado por el Congreso con el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy.

Para Cartes, la única parte cuestionable es la presencia de las fuerzas armadas en el resguardo de la reserva. Pero a pesar de los cuestionamientos decidió promulgar la ley: “Yo prefiero eso y dar por acabado ese tema”, expresó.

El proyecto de ley se sancionó en medio de críticas. El artículo 11 establece que las Fuerzas Armadas de la Nación se ocuparán del resguardo y la custodia de la integridad territorial de la reserva, así como de la conservación de los recursos.

Varios legisladores rechazaron este punto por no competer a los militares asuntos de seguridad interna.

También se refirieron a su ilegalidad, pues el Estado había iniciado un proceso en el que reclama esas tierras como suyas.

ANTECEDENTES. En la mañana del 15 de junio de 2012, 326 policías ingresaron a Marina Cué, Curuguaty, para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos que habían ocupado el lugar hacía poco más de un mes. La orden judicial, sin embargo, indicaba que los agentes debían hacer un allanamiento.

Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas de Marina Cué eran del Estado, pues en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S. A. donó las tierras a la Marina paraguaya -de allí el nombre de Marina Cué- y posteriormente, en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.

La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez José Benítez.

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