Roberto Cárdenas, cuestionado ex intendente de Lambaré, imputado por lesión de confianza, es uno de los 77 ex jefes comunales que no presentaron su declaración jurada de bienes en la Contraloría General de la República.
Esto según el informe que remitió ayer la entidad contralora a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a solicitud del diputado liberal Jorge Ávalos Mariño.
El informe abarca a las autoridades comunales que fueron electas por el periodo 2010-2015.
Tanto los nuevos intendentes como los que dejaron recién sus cargos tenían un plazo de 15 días para realizar su declaración jurada de bienes. Sin embargo, hasta la fecha 77 ex intendentes y 1.360 ex concejales aún no presentaron sus respectivas documentaciones.
Además de Cárdenas, en la citada nómina también se encuentra el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Juan Alberto Schmalko, quien fue intendente de Encarnación hasta diciembre de 2013 cuando renunció para ir a la hidroeléctrica.
También figuran los actuales diputados liberales Asa González y Héctor Lesme, ex intendentes de Villa Florida y Ñemby, respectivamente, y el diputado colorado Alsimio Casco, ex intendente de Yby Yaú.
En la lista entregada por la Contraloría también aparece Wilmar Neneco Acosta, ex intendente de Ypejhú, quien está actualmente preso por el asesinato del periodista Pablo Medina.
El objetivo de la presentación del documento es comparar la declaración jurada del funcionario público entre los bienes que tenía al entrar y lo que dispone al salir de la función pública para determinar si con los salarios que recibió durante ese periodo justifica el patrimonio actual.
Si el patrimonio actual no guarda relación con sus ingresos en ese tiempo, hay una presunción de enriquecimiento ilícito y la Contraloría debe denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
Ávalos Mariño explicó que la sanción para aquellos que no presentan su declaración jurada, en primera instancia, es una multa de 300 jornales mínimos, lo que serían unos 18 millones de guaraníes aproximadamente.
El legislador calculó que si esto es aplicado a los más de 1.600 intendentes y concejales que se encuentran en falta, entre los entrantes y salientes, daría un ingreso de G. 30.000 millones en este concepto.
Ávalos mencionó que otra de las sanciones que pueden ser aplicadas es la inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años.
Entre los intendentes que asumieron en diciembre pasado, el de Cerrito, Patricio Ayala Almirón; Laureles, Ignacio Patricio Fretes, ambos colorados de Ñeembucú, y de Ybyrarobaná, Canindeyú, Luis Francisco Mereles Bedoya, son los que no presentaron su declaración jurada.
Asimismo, 202 concejales entrantes tampoco presentaron sus documentos.
SUMARIO. El diputado manifestó que el informe sirvió para que se den algunos avances y comentó que la Contraloría dictó una resolución, el pasado martes, por medio del cual se reglamenta el procedimiento del sumario administrativo, para que las autoridades puedan ser sometidas a un sumario a los efectos de resultar responsables del no cumplimiento de la ley, y se les puedan aplicar las sanciones correspondientes.