Por Rino Giret
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Justo Cárdenas, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), afirmó que hubo complicidad por parte de los jueces en el proceso judicial que concluyó con una sentencia que concedió por usucapión un excedente de 2.491 hectáreas, ubicadas en el Departamento de San Pedro, a la Agroganadera Aguaray SA, un emporio agrícola-ganadero de 30.558 hectáreas asentado en el distrito de General Resquín, manejado por brasileños.
“Creo que estuvo mal planteado, me parece que no solo hubo negligencia, sino complicidad por parte del juez”, expresó Cárdenas en declaraciones a la 1080. Anunció que el Indert pedirá a la Justicia la nulidad de la sentencia porque se trata de un acto nulo. “Yo creo que podemos todavía recuperar”, agregó.
“No existe la figura del excedente privado; si no tiene título, quiere decir que es fiscal. Este es un antecedente ilegítimo porque abriría la posibilidad de que otros planteen usucapir tierras que son del Estado”, manifestó el titular del Indert, quien insistió en que la ley no permite usucapir tierras del Estado.
Cárdenas se refirió a los dos jueces que intervinieron en el proceso judicial, aunque en juicios diferentes, que derivó en la sentencia que favoreció a la agroganadera. “Es evidente que hubo complicidad de los jueces por la desprolijidad que hubo en el caso”, sentenció.
En julio de 2009, el Indert promovió un juicio de mensura sobre el inmueble de 30.558 hectáreas que Agroganadera Aguaray SA posee en General Resquín y parte en el distrito de Ypehú, Departamento de Canindeyú. El juicio se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8° Turno de la Capital, por entonces a cargo de Neri Joel Kunzle, quien el pasado 1 de julio se jubiló.
SENTENCIA CONFUSA. Catorce meses después de que se iniciara el juicio de mensura, Kunzle dictó la sentencia N° 1000 el 19 de noviembre de 2010 por la que estableció la existencia de un excedente de 2.491 hectáreas dentro de la propiedad de la Agroganadera Aguaray SA, que justificó títulos por 28.066 hectáreas.
Curiosamente, el juez no declaró como excedente fiscal en su sentencia, de forma clara y taxativa, la porción de tierra que carecía de título, con lo cual las 2.491 hectáreas quedaron en una suerte de limbo jurídico. El artículo 104 del Estatuto Agrario establece que el juez debe declarar el excedente como tierra fiscal y ordenar su inscripción a favor del Indert.
El limbo jurídico de las 2.491 hectáreas duró solo un año, aunque Agroganadera Aguaray SA tuvo la posesión de las tierras como parte de su establecimiento de 30.558 hectáreas. Actualmente se encuentran mecanizadas y alambradas en su totalidad.
El 19 de diciembre de 2011, la agroganadera promovió una demanda de usucapión para apropiarse del excedente, accionando en contra de la firma que le había vendido parte de las tierras, Ganadera Ypoa, en 1977. Para justificar la demanda, sus abogados presentaron la mensura que realizó el Indert y alegaron que la agroganadera tiene la posesión del excedente hace más de 30 años. Ganadera Ypoa se extinguió como sociedad comercial en el 2000.
Siete meses después, Silvino Delvalle, por entonces juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, dictó el 31 de agosto de 2012 la sentencia N° 738 por la que hizo lugar a la demanda y ordenó inscribir el excedente a nombre de la agroganadera.
Delvalle fue destituido del cargo el 13 de setiembre del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño.
