“Estamos ahorita analizando, estudiando las distintas estrategias”, dijo en rueda de prensa Rafael Chavero, uno de los abogados del gobernador venezolano.
El letrado explicó que, contra la decisión de la Contraloría, se puede “ejercer un recurso de reconsideración ante el mismo contralor, o ejercer un recurso de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia” (TSJ).
Señaló que también cuentan con otras “instancias internacionales” a los fines de “pedir medidas cautelares”, aunque no detalló a cuáles irán, ni cuándo.
“Estamos evaluando cuál de todas estas herramientas es la más indicada para hacer valer la defensa del gobernador”, sostuvo.
Sin embargo, Chavero resaltó que Capriles seguirá siendo gobernador hasta que haya elecciones regionales ya que, por Constitución, la Contraloría no puede revocar el mandato de un funcionario electo por voto popular.
“Esas inhabilitaciones no están hechas para funcionarios de elección popular (...) eso es para funcionarios, en todo caso, administrativos”, aseguró, a la vez que indicó que Capriles cesará de sus funciones solo cuando los mirandinos elijan un nuevo gobernador.
Asimismo, enfatizó que la inhabilitación todavía no es un acto “firme”, por lo que es “objeto de impugnación” y, por tanto, de “revisión judicial”.
En ese sentido, destacó que serán los tribunales los que tengan “la última palabra” con respecto a esta decisión de la Contraloría.
“Pediremos las medidas cautelares que sean necesarias para suspender este acto claramente arbitrario y, bueno, esperando que haya algún espasmo de justicia y que de algún modo se respete nuestra Constitución y se suspenda esta inhabilitación”, agregó.
Por otra parte, el abogado de Capriles dijo que, a pesar de que varios dirigentes chavistas han instado a las autoridades venezolanas a investigar a Capriles por diversas razones, este no ha sido notificado “formalmente” de ningún otro procedimiento legal en su contra, “ni penal ni administrativo”.
La Contraloría de Venezuela inhabilitó el pasado viernes por un periodo de quince años al dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.
Según la resolución enviada a Capriles, la Contraloría declaró su “responsabilidad administrativa” luego de haber celebrado tres convenios con las embajadas de Polonia y el Reino Unido que el gobernador registró como donaciones.
Los acuerdos fueron firmados en 2010 y 2011 y dejaron a la Gobernación de Miranda ingresos extraordinarios por 96.630,05 bolívares (más de 22.400 dólares al cambio oficial de entonces), que fueron reflejados en el presupuesto como “donaciones y subvenciones”.
Con este último acto, la Contraloría afirmó que se violó el artículo 150 de la Carta Magna venezolana, puesto que los convenios no recibieron la aprobación del Parlamento, que en ese momento controlaba el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El recurso de reconsideración ante la Contraloría puede introducirse dentro de un lapso de 15 días hábiles a la fecha de notificación, mientras que el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo puede presentarse dentro de un lapso de 180 días continuos a partir de esa misma fecha.
