Históricamente, las comunidades de las 19 etnias de nuestro país han sido condenadas a vivir en el abandono y la miseria. Ni siquiera el Estatuto de las Comunidades Indígenas, que constituyó un logro relevante para ese sector, ha tenido la capacidad de transformar positivamente la vida de los pueblos originarios.
Hasta hoy, en gran medida, las normas no han pasado del papel a los hechos. Por ello siguen existiendo indígenas sobreexplotados laboralmente, la posesión jurídica de la tierra no se ha materializado en la medida de lo que debió haber sido a esta altura, la educación que reciben es lamentable y continúa el avasallamiento de su territorio en buena parte de la geografía nacional donde están ubicados actualmente.
El denominador común de al menos el ochenta por ciento de las poblaciones de nativos es la pobreza. Esto se agudiza en zonas donde la agricultura empresarial, que en muchos casos llega con su carga de agresión al ecosistema por el uso de agrotóxicos que dañan severamente a las personas y a la naturaleza, los arrincona y destruye sus tradicionales medios de supervivencia.
Según el último censo, en el Paraguay sobrevive una población global de 115.000 indígenas distribuidos a lo largo de las regiones Oriental y Occidental. Los de las parcialidades guaranihablantes son los más numerosos.
Con un acceso muy limitado a los bienes que ofrece la sociedad actual, su existencia se debate en medio de necesidades precariamente satisfechas. Consecuencia de ello es que muchas comunidades están en crisis y cada vez es más insistente el interrogante con respecto al futuro inmediato que les espera si es que su situación no cambia a corto plazo.
Ante esa realidad, las diferentes etnias reunidas —dejando de lado sus diferencias— han considerado que un camino para salir del actual estado en el que se encuentran es alcanzar protagonismo a través de la presencia de un representante de los pueblos originarios en el Senado. Ese propósito ha adquirido forma operativa en el Movimiento Político Plurinacional del Paraguay que ha elegido al mbyá guaraní Gerónimo Ayala como candidato.
Es evidente que debido a sus limitaciones encontrarán mayores dificultades para cumplir los requisitos para llegar a las urnas y sufragar, pero estarán ya con un representante entre los candidatos.
Tampoco hay que olvidar que en muchos casos son víctimas de la manipulación de parte de los partidos políticos. Esto enaltece aún más la participación indígena con miras a ocupar una banca en la Cámara Alta.
Paliar en algo el sufrimiento de los dueños originales del territorio que hoy ocupa el Paraguay, también debe ser una lucha de la sociedad civil, que puede contribuir de manera eficaz exigiendo que se respeten todos los derechos de los compatriotas indígenas.