Varias situaciones irregulares se pueden constatar en la intención que tiene la firma Campos Morombí de donar las tierras conocidas como Marina Cué al Estado paraguayo. Es el mismo inmueble donde ocurrió la masacre de Curuguaty en junio del 2012.
El pasado jueves, el Congreso sancionó la ley “que transfiere a título gratuito a favor de la Secretaría del Ambiente (SEAM) un inmueble individualizado como Finca N.º 30, Padrón N.º 61, del distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú”.
Sin embargo, en la presentación del proyecto de ley ya se observan errores en cuanto a la ubicación real de la propiedad, porque el número de finca escrito en el documento no coincide con la identificación del padrón.
La directora de Registros Públicos, Lourdes González, fue tajante al señalar que la ley sancionada no corresponde y menos aún la transferencia del inmueble. Dejó en claro que la empresa Campos Morombí no posee la titularidad de esas tierras y, en consecuencia, no puede realizar tal donación.
Explicó que existe una confusión con respecto a las fincas porque la mencionada en la normativa no figura como tal en los registros. Indicó que a la finca 30 de Curuguaty le corresponde el padrón 85 y está a nombre de la firma Verónica Inmobiliaria Ganadera e Industrial S.A.
Mientras que la finca 30, con el padrón 61, del distrito de Hernandarias, sigue a nombre de la Industrial Paraguaya S.A.
“No entiendo qué es lo que hicieron en el Congreso, nosotros les enviamos todos los informes. Si se acepta la donación y eso viene para inscribirse, lo primero que vamos a decir es que ese inmueble no corresponde”, dijo González a ULTIMAHORA.COM.
Fue clara al mencionar en ambos casos que la firma Campos Morombí no puede transferir dicha propiedad al no estar esos inmuebles inscriptos a su nombre.
González recordó que la finca 30 de Hernandarias posee unas 900.000 hectáreas -afecta a unos tres departamentos- y con el paso del tiempo su superficie se fue desprendiendo en otras pequeñas fincas que ya pasaron a tener diferente denominación en el distrito de Curuguaty.
“Si la firma Campos Morombí ya tiene número de finca en Curuguaty, es esa la que debe donar y no la finca 30 de Hernandarias, que sigue a nombre de La Industrial Paraguaya”, sostuvo.
USUCAPIÓN. Si bien la empresa del fallecido político Blas N. Riquelme fue beneficiada con una acción de usucapión por las polémicas tierras, tampoco esa medida judicial cuenta con una resolución firme.
“Mientras ellos no inscriban su juicio de usucapión acá, nosotros tampoco vamos a poder escribir ninguna donación a nombre del Estado, mientras que los titulares de esa finca no figuren a nombre de Campos Morombí”, advirtió.
Es más, el grupo empresarial Riquelme promovió equivocadamente ese juicio para lograr la posesión de las tierras de Marina Cué en Curuguaty, contra la Finca N.º 9, desprendimiento de la Finca Madre N.º 30.
Tres años después de ganar el litigio, el abogado de la empresa, Víctor Peña Gamba, planteó una rectificación del número de finca, porque al intentar inscribir la propiedad a nombre de la firma la solicitud fue rechazada por el Servicio Nacional de Catastro (SNC), que señaló el error.
El abogado especialista en Derechos Humanos, Hugo Valiente, mencionó que la acción judicial tampoco cuenta con sentencia firme porque tanto la Procuraduría General de la República como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) accionaron para pedir su nulidad, por no darle participación al Estado durante el juicio.
“En segundo lugar, por la cual Campos Morombí nunca pudo escribir su sentencia fraudulenta es porque su abogado se equivocó al poner el número de finca y padrón de la tierra que se iba a usucapir”, expresó.
PROMULGACIÓN. A pesar de no estar legalmente registrada, el presidente de la República, Horacio Cartes, anunció que aceptará la donación de Marina Cué, incluso cuando el propio Estado está en litigio por las tierras donde se produjo la muerte de 17 personas.
“Sería un disparate la aceptación de la donación porque sería una contradicción del Ejecutivo. Por una parte, este reivindica que las tierras son del Estado paraguayo y viene litigando desde el 2004, y ahora, de repente, sale un proyecto de ley para la donación de esas mismas tierras y se estaría promulgando, es una contradicción muy grande en términos jurídicos”, expresó Valiente.
Para Cartes, la única parte cuestionable es la presencia de las fuerzas armadas en el resguardo de la reserva. Pero a pesar de los cuestionamientos decidió promulgar la ley: “Yo prefiero eso y dar por acabado ese tema”, expresó.
El proyecto de ley se sancionó en medio de críticas. El artículo 11 establece que las Fuerzas Armadas de la Nación se ocuparán del resguardo y la custodia de la integridad territorial de la reserva, así como de la conservación de los recursos.
Varios legisladores rechazaron este punto por no competer a los militares asuntos de seguridad interna.
También se refirieron a su ilegalidad, pues el Estado había iniciado un proceso en el que reclama esas tierras como suyas.
ANTECEDENTES. En la mañana del 15 de junio de 2012, 326 policías ingresaron a Marina Cué, Curuguaty, para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos que habían ocupado el lugar hacía poco más de un mes. La orden judicial, sin embargo, indicaba que los agentes debían hacer un allanamiento.
Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas de Marina Cué eran del Estado, pues en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya S. A. donó las tierras a la Marina paraguaya -de allí el nombre de Marina Cué- y posteriormente, en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.
La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez José Benítez.
