Son 96 familias campesinas que durante mucho tiempo estuvieron asentadas en una parte de las tierras de Agropeco, en la colonia María Auxiliadora, distrito de Tavaí, Departamento de Caazapá.
A finales de 2014 los labriegos fueron traslados por el Indert a aproximadamente 45 kilómetros de donde se encontraban, a la colonia llamada Santa Teresa, jurisdicción ya de Abaí, con la promesa de que recibirían todo tipo de asistencia de las instituciones estatales.
Las familias fueron instaladas en apenas 147 hectáreas, con el compromiso del Indert de que más adelante recuperaría otras 624 hectáreas para distribuirles, lo que hasta ahora no ocurrió.
El presidente de la firma agropecuaria, Carlo Sama, anunció días atrás que entablará demanda contra los ocupantes ilegales de sus tierras y eventualmente contra el propio Indert, por haber expedido títulos sobre un inmueble que no es de su propiedad.
“Si es que la empresa va a realizar la demanda y si eso va a correr, nosotros queremos volver a la zona, porque al salir de ahí perdimos muchas cosas también”, manifestó a ÚH el dirigente campesino Antoliano Riveros.
En el año 1985, el Directorio del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) gestionó la compra de 6.000 hectáreas de la Finca Nº 5400 de la compañía Jesús y Trinidad, hoy Tavaí y San Cristóbal (Alto Paraná), pertenecientes a Agropeco SA.
Primeramente el IBR pagó en su totalidad por una fracción de 2.000 hectáreas que posteriormente le fueron transferidas. No ocurrió lo mismo con las 4.000 hectáreas restantes que hoy conforman la colonia María Auxiliadora, ya que no fueron transferidas al IBR, a pesar de que esta haya pagado el 30% del costo total. Sin embargo, sobre esa colonia se expidieron títulos durante toda la década de los 80, 90 y los años 2000, aproximadamente hasta el 2006.
En marzo de 2014, acuerdo mediante, la agropecuaria cedía y transfería al Indert 1.509 hectáreas. Con este pacto, la firma podía disponer a su arbitrio de las demás 3.000 hectáreas.
El acuerdo fue rechazado en mayo de ese mismo año por la Junta Consultiva a base de títulos del IBR que aparecieron y de los cuales no se tenía conocimiento.
Agropeco finalmente depositó en la cuenta del Indert en el BNF la suma de G. 40 millones, que el IBR le había abonado por sus 4.000 hectáreas y cerró cualquier tipo de negociación con el Indert.
