Son 30 familias campesinas que en más de cinco ocasiones fueron desalojadas de unas 237 hectáreas, ubicadas entre los distritos de Abaí, Tavaí y San Juan Nepomuceno, según denuncian sin ninguna orden de desalojo. Afirman ocupar las tierras hace más de nueve años.
Indígenas de una comunidad vecina, también acompañan a los labriegos en las protestas, ya que sostienen que las tierras de donde fueron desalojados, serían explotadas como cantera, situación que les perjudicaría de sobremanera.
Los dirigentes de las familias campesinas están todos imputados por invasión de inmueble ajeno y delitos ambientales.
La denuncia de invasión fue hecha por los supuestos dueños del inmueble, identificados como César Jara y Evandro Cabral, quienes según el dirigente campesino Juan Escurra, no poseen título de propiedad.
Escurra denunció que las autoridades de la zona no escuchan sus reclamos y solo se encargan de perseguirlos, amenazándolos con meterles nuevamente a la cárcel, tal y como ya lo hicieron varias veces en lo que va del año.
Los campesinos se manifiestan diariamente frente a la circunscripción judicial de Caazapá, frente a la fiscalía zonal de San Juan Nepomuceno, frente a la sede del Indert, y realizan además el cierra de la ruta 8 Blas Garay de manera intermitente. Hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna de las autoridades.
