“Otra vez estamos militarizados, nos quieren intimidar para que no protestemos”, dijo a periodistas la líder del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, la campesina Francisca Ramírez.
Los miembros del consejo divulgaron fotografías en las que se observan agentes antidisturbios instalándose en los municipios de la Región Autónoma Caribe Sur (RACS) y Río San Juan.
Los campesinos afirman que una situación similar ocurrió en octubre pasado, cuando realizaron una protesta similar con el objetivo de unir en Managua a todos los opositores del canal.
“Pero no nos intimidan, nosotros vamos a ir a protestar”, insistió Ramírez.
El plan del consejo campesino es manifestarse este 30 de noviembre, un día antes de la visita al país del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se reunirá con el presidente Daniel Ortega y otros sectores para tratar el tema de las pasadas elecciones, fuertemente criticadas por su supuesta falta de transparencia.
En octubre pasado la Policía Nacional bloqueó el punto donde los campesinos habían acordado reunirse en Managua, aunque lograron su objetivo de mover a miles de opositores.
Los campesinos del sur de Nicaragua se oponen al proyecto canalero porque, alegan, no fueron consultados y la ley que lo rige los obliga a abandonar sus tierras sin derecho a apelar.
El proyecto del canal por Nicaragua, con una inversión de 50.000 millones de dólares, consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, según la firma concesionaria por los próximos 100 años.
El canal, cuya construcción creará, si se lleva a cabo, unos 50.000 empleos, entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la edificación la esclusa oeste, prevista para comenzar a finales de 2016.
El Gobierno de Nicaragua espera que el producto interno bruto (PIB) del país se duplique durante las obras, aunque no las incluye entre sus previsiones económicas.
