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jueves 29 de septiembre de 2016, 12:51

Campesino demandará al Estado ante desalojo ilegal en Guahory

Arnaldo Andrés Brizuela Centurión fue víctima del violento desalojo ocurrido el pasado 15 de setiembre en la Colonia Guahory (Caaguazú), donde, así como él, unas 200 familias fueron expulsadas del sitio a pesar de contar con documentaciones para habitar en el lugar. Ahora el afectado demandará al Estado.
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Brizuela Centurión llegó este jueves hasta la Cámara de Senadores con varios documentos en manos, incluyendo boletas de pago con firma de un funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que muestran la cancelación de una deuda que le convirtió en dueño de 12 hectáreas en Guahory. El hombre demandará al Estado por tal situación.

A pesar de contar con tales documentos, el 15 se setiembre pasado una comitiva integrada por 1200 efectivos policiales y empresarios brasileños llegaron al sitio para desalojarlos del lugar presentando títulos de propiedad ilegítimos, según expresó el hombre.

Brizuela tiene en su poder boletas con membrete del Indert como muestra del pago de una cuenta cancelada, con fecha 15 de noviembre del 2012. El último pago que realizó fue de G. 2.021.000. Esto lo hizo dueño de dos lotes -12 hectáreas-, el 40 y el 41, del cual lo expulsaron junto a su familia.

"El 15 de setiembre realizaron un terrible desalojo en Guahory a pesar de que tenía los documentos que respaldan que aboné en cuotas por la compra de tales tierras. Tengo boleta de cancelación de la deuda con los planos de mi propiedad, tengo pruebas suficientes", dijo la víctima este jueves.

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Brizuela sentenció que todos los pobladores de Guahory pagaban mensualmente por tales tierras e inclusive dio el nombre del funcionario que realizaba los cobros, se trata de Hugo Daniel Ruiz Díaz, del Indert.

"Lo triste es que nos desalojen a pesar de que contábamos con documentos para estar ahí", refirió.

PIDEN QUE EL HECHO SEA CONDENADO

Por su parte, Ricardo Canese, del Frente Guasu, presentó un pedido de condena al Parlasur por la brutal violación de derechos humanos en Guahory.

"Los empresarios presentan títulos de propiedad ilegítimos e incluso declararon haber pagado 200.000 dólares a las fuerzas públicas para el desalojo de compatriotas, que desbastó más de 200 viviendas precarias y arrasó unas 700 hectáreas de cultivos y otros bienes", dice la solicitud.

Canese sostiene que el desalojo se realizó sin orden judicial; según las declaraciones del Indert, tales tierras pertenecen a campesinos según la reforma agraria.

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