Entre la compra de planes de medicina prepaga para 115.000 empleados y el subsidio para salud de G. 200.000 mensual a otros 73.000, el Poder Ejecutivo proyecta para el 2017 un gasto que supera los G. 600.000 millones, más de USD 100 millones.
“Lo primero que el Estado debiera hacer, y eso debiéramos ponernos de acuerdo las diferentes instituciones públicas con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es unificar los llamados. Es economía de escala”, señaló el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta.
Hoy en día, cada institución realiza las licitaciones por su parte y esto da pie a que, por ejemplo, los empleados del Banco Nacional de Fomento cuenten con un seguro médico por el cual el Estado paga G. 2 millones al mes, mientras que en el Instituto Paraguayo de Artesanía, un funcionario recibe un plan médico de G. 425.000 al mes.
“Pudiera el Estado tener lo que hoy estamos teniendo en servicios básicos, como útiles, iluminación, agua potable, como una tienda virtual, ojalá lleguemos a eso. Plantear esto implica cambiar parte de los acuerdos que existen a nivel institucional. Digo acuerdos porque medicina prepaga forma parte de algunos contratos colectivos, forma parte de créditos presupuestarios que se tienen programados”, explicó el ministro.
“El Estado está haciendo esfuerzos para que varias compras y contrataciones públicas las podamos hacer en una tienda grande como Estado, para economizar costos, porque o sino le estamos transfiriendo ganancias importantes al sector privado”, agregó y mencionó que lo ideal sería que todos los funcionarios estén en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero esta institución ya está colapsada.
REFORMA. Por su parte, la ex ministra de Salud y actual senadora, Esperanza Martínez, propuso una reforma más amplia al sistema de protección social del funcionariado.
“¿Cuál es el resultado que tenemos? Estamos teniendo casi USD 100 millones entre todo este sistema, con una inequidad, algunos con proyectos vip y otros con montos que no alcanzan y terminan no invirtiendo en el tema de salud (...). Con los recursos que tenemos, podemos proyectar un sistema con mejores resultados”, indicó.
La legisladora sostuvo que la solución no pasa por simplemente recortar los planes de seguro de los funcionarios, sino disminuir las inequidades.
“Hay algunas instituciones más privilegiadas, en realidad, han sido decisiones políticas en su momento, ‘nosotros estamos acá, somos el sector político y, por supuesto, creamos condiciones más favorables para nosotros’. Son miradas políticas que se han tenido”, explicó Martínez.
“Hagamos una bolsa de dinero, veamos cómo funciona la red de servicios público, privada, mixta, pensemos en un sistema que se financie con fuentes públicas, también puede ser con aportes obreros y patrones, y una red que piense en siete millones de personas”, añadió.
