La resolución fue dictada por los ministros Miryam Peña, José Raúl Torres Kirmser y el voto en disidencia de Antonio Fretes.
La acción de la FEP había sido planteada contra la resolución 351 del 6 de setiembre de 2013, de la entonces ministra Marta Lafuente, que dispuso descontar a unos 40.000 maestros, los días no trabajados por la huelga que realizaron.
Sin embargo, el 21 de agosto de 2015, el procurador Roberto Moreno solicitó la caducidad de instancia, es decir, perder el proceso, porque no hubo impulso procesal del accionante.
Peña y Torres, en mayoría, señalan que transcurrió más de un año sin que se notificara al Ministerio de Educación, con lo que la acción caducó. De esta manera, la resolución ministerial debe ser cumplida.