Se trata de un proyecto que busca insertar una nueva institucionalidad fiscal y sobre el que se viene trabajando desde hace un año y medio aproximadamente en conjunto con asesores particulares del Ministerio de Hacienda, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según explicó ayer, en conferencia de prensa a medios locales, uno de los asesores, el ex ministro de la cartera del Tesoro chileno Felipe Larraín.
El ex ministro chileno añadió que el mencionado proyecto trata de crear nuevas instituciones fiscales; la primera es tomar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y proponer un cambio para ir a una política fiscal que permita ser genuinamente contracíclica. La segunda es tener un consejo asesor fiscal que sea establecido por ley. Y la tercera, disponer de un fondo soberano.
“La Ley de Responsabilidad Fiscal y el límite al déficit del 1,5% del PIB fue un avance. Sin embargo, esto no es suficiente, tiene un problema y es que lleva a ser política procíclica”, señaló.
Indicó que esta política procíclica se traduce en que en tiempos de bonanza económica aumenta la recaudación y es muy fácil cumplir con el 1,5% de déficit; en cambio, en periodos malos, para poder cumplir con la meta, se recortan gastos y eso se traduce en un freno.
regla contracíclica. Lo que se propone con el proyecto, según comentó Larraín, es implementar una regla contracíclica, que en periodos malos permita tener una política más expansiva para apoyar a la economía y en periodos buenos le permita ahorrar y tener superávit fiscal.
Larraín mencionó que se está trabajando en este proyecto de ley y se pretende presentarlo en los próximos meses, por lo que ya va a coincidir con la preparación del presupuesto para el 2018.
En el caso de que se apruebe, esta regla regiría para el presupuesto del 2019. “Para evitar cualquier suspicacia, primero por realismo, no se alcanza a tramitar a tiempo; segundo, para evitar cualquier suspicacia de que esto se vaya a hacer para darle más espacio al Gobierno, de gasto, justo en el año de las elecciones. Esto es para el próximo gobierno, y para los futuros gobiernos, lo que se está trabajando.”
Larraín mencionó que el déficit que se plantea con la modificación es de 2,5% del PIB, tomando el análisis que en 10 años el nivel de deuda pública no supere el 30%.
La Ley de Responsabilidad Fiscal impone actualmente un tope de 1,5% del PIB al déficit fiscal (más gastos que ingresos). En el 2016 la Administración Central cerró el ejercicio con un déficit de G. 2,3 billones (USD 415 millones), lo que igualó al 1,5% del PIB, mientras que con un tope de 2,5% que se plantea el déficit podría ascender a USD 680 millones aproximadamente.
Por otro lado, señaló la necesidad de que el Consejo Asesor Fiscal sea establecido por ley y represente un órgano autónomo.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, expresó que el Consejo Asesor seguirá funcionando por decreto y que su equipo se encuentra trabajando lo más rápido posible para presentar el proyecto para modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Dijo que estiman presentar en junio, junto con el proyecto de fondos soberanos, y ven esta herramienta como un legado para el próximo gobierno.