La SACE, una empresa pública italiana, exige al Paraguay 85 millones de dólares, más intereses y gastos judiciales. La SACE asegura a las compañías privadas italianas que operan en el extranjero contra los daños emergentes de los desastres naturales, golpes de Estado, etc. Esto es aceptable; lo inaceptable es que las asegure contra las consecuencias de sus propios fraudes, que sería como asegurar contra incendios una casa para quemarla y cobrar el seguro. Cambiando lo que se debe cambiar, esto es lo que ha pasado en el affaire Gustavo Gramont.
Un grupo de bancos concedió a Gustavo Gramont, en forma irregular, un crédito millonario. Como Gramont no lo devolvió, pidió compensación a la SACE. La SACE les pagó, también en forma irregular, y por eso fue preso el entonces director de la empresa, Roberto Roberti (por ese y por otros seguros ilegales). Ahora la SACE exige al Paraguay la devolución del dinero pagado ilegalmente por ella.
¿Por qué? Porque, supuestamente, Gramont actuó en representación y con la garantía del Paraguay. Falso. El Ministerio de Relaciones suizo les explicó a los bancos que Gramont no tenía facultades para representar al Paraguay en una operación de ese tipo, que, por otra parte, hubiera requerido la aprobación del Congreso. El Congreso no sabía nada, ni tampoco lo sabía Stroessner, ajeno al perjuicio causado al Estado paraguayo por Gramont y los bancos buitres. No, tampoco le podemos echar la culpa de todo a Stroessner.
En los juicios del affaire Gramont, los buitres no pudieron explicar ni a quién, ni cuándo ni cómo habían entregado los millones reclamados por ellos. Además, reconocieron que no se habían informado ni sobre el capital, ni sobre los proyectos, ni sobre la solvencia de las empresas beneficiadas, dos empresas de Gramont. Una de ellas, Lapacho, recibió un préstamo de unos 27 millones de dólares para construir una fábrica, pero ni siquiera tenía el terreno para construirla; la otra empresa, Rosi, tenía algo más, pero no llegó a recibir los millones después reclamados por los buitres. De acuerdo con los estatutos, las dos empresas necesitaban la firma de dos directivos para endeudarse, pero bastó con la de Gramont, que resulta raro. Más raro es que Gramont hubiera recibido una comisión de seis millones de dólares, según se probó en un proceso criminal. Hasta los mismos buitres admitieron que hubo una defraudación contra el Estado paraguayo.
Gramont es uno de los nombres falsos usados por el estafador internacional Benjamín Levy. Tanto Levy como el director de la SACE metido en la tramoya fueron presos. Sin embargo, se reclama el pago de la deuda como si fuera legítima. Quitando el afán de lucro, resulta incomprensible.
