El nombre dado en Brasil a la investigación sobre la corrupción en la estatal Petrobras ha atravesado las fronteras del país tras la revelación de que la firma Odebrecht también incurrió en prácticas ilegales en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
“Tenemos una empresa brasileña que operaba en forma por lo menos dudosa en doce países” y “la repercusión es muy grande”, reconoció en una entrevista con Efe el ministro, quien apuntó que en todas esas naciones ha habido “cuestiones políticas muy afectadas por esa conducta reprochable”.
Según Jardim, no se trata de tramas o métodos corruptos que hayan sido “inventados” o “exportados” por Brasil, sino de “un problema de la naturaleza humana”, que debe ser combatido local y globalmente, mediante el establecimiento de mecanismos que ayuden a mantener una “estrecha y creciente” cooperación judicial.
“Brasil está sumergido en ese escenario de colaboración, bien sea en cuanto a principios, bien sea en cuanto a la cooperación”, pero “no son sólo las empresas privadas las que deben adoptar prácticas más transparentes”, sino también los sectores públicos, sostuvo.
En opinión de Jardim, “si nadie pide” un soborno, es muy difícil que un empresario lo ofrezca, ya que el sector privado “trabaja con resultados y márgenes” de negocios, aunque muchas veces incurre en esas coimas “porque si otro ya la paga, entonces hay que pagarla”.
En ese sentido, subrayó que Brasil ha implantado unos programas y métodos de fiscalización del sector público que abarcan incluso a las empresas estatales, a fin de “expandir y sembrar una reserva moral” en las áreas en que muchas veces se origina la corrupción.
Esos métodos, que han facilitado la detección de muchos actos ilícitos, forman parte de lo que el ministro calificó de “proceso de revolución cultural” en el país, que comenzó a raíz de un vasto escándalo de sobornos parlamentarios descubierto en 2005, durante el primer mandato del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según Jardim, ese episodio conocido como “mensalao” y que acabó con 25 empresarios y políticos en la cárcel, tuvo continuidad en la operación “Lava Jato”, que salpica a Odebrecht y también a decenas de compañías privadas, así como a dirigentes de los principales partidos, tanto de la oposición como en el poder.
“Todo eso ha proyectado la actuación brasileña” en el combate a la corrupción y llevado a que “en muchos países estén impresionados por los resultados obtenidos” y por la propia dimensión no solo de los escándalos, sino de las duras consecuencias penales que acarrean para muchos de los políticos y grandes empresarios del país.
La experiencia brasileña en el combate a las malas prácticas en la gestión pública y privada será presentada los próximos 11 y 12 de abril en una reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, que las principales economías del mundo crearon en 2010.
Esa reunión será celebrada en Brasilia y tendrá como objetivo el fortalecimiento de la agenda global anticorrupción, a la que Brasil, sobre todo por su experiencia en la última década, tiene mucho que aportar, afirmó Jardim.
En ese sentido, el ministro puntualizó que lo principal en el combate a esos fenómenos es “lidiar de la misma forma con los dos puntos de la corrupción: el sector público y el sector privado”.
También señaló que, frente a las prácticas corruptas, el mundo se “se debe organizar en forma homogénea” y cerrarle las puertas a los implicados “que huyen a otros países”, para hacer valer la vieja sentencia que dice que “el crimen no paga”.
Eduardo Davis
