23 abr. 2024

Brasil dice que no se habló

El ministro sustituto de Relaciones Exteriores del Brasil, embajador Sergio Danese, rechazó categóricamente que la presidenta Dilma Rousseff haya afirmado supuestamente que su país vive un “golpe democrático a la paraguaya”, en alusión a la destitución en 2012 del mandatario paraguayo Fernando Lugo.

Mandatarios.   La presidenta Dilma Rousseff bromeando con su par paraguayo, Horacio Cartes, en un encuentro bilateral.

Mandatarios. La presidenta Dilma Rousseff bromeando con su par paraguayo, Horacio Cartes, en un encuentro bilateral.

El viernes, el alto funcionario de la Cancillería brasileña fue consultado al respecto por el canciller del Paraguay en Brasilia, Manuel María Cáceres.

El mismo día en que el embajador de Brasil en Asunción, José Martin Felicio, a quien el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi expresó la “sorpresa y desagrado” del Gobierno paraguayo por las expresiones publicadas en el diario Folha de São Paulo, atribuidas a la mandataria brasileña.

Las manifestaciones de la presidenta se dieron supuestamente durante una reunión con sus 31 ministros celebrada a puerta cerrada el jueves último en Brasilia, antes de su viaje a Colombia.

Ayer la Cancillería Nacional emitió un comunicado para destacar que Danese rechazó categóricamente la veracidad de las supuestas declaraciones de la presidenta Rousseff, publicadas en Folha de São Paulo, y remarcó que en ningún momento la presidenta mencionó al Paraguay.

“El alto funcionario transmitió el gran aprecio que la presidenta Dilma Rousseff le guarda al presidente Horacio Cartes y al Paraguay, resaltando el excelente nivel en el cual se encuentran actualmente las relaciones bilaterales entre ambos países”, resalta el comunicado. El vicecanciller Cabello había solicitado al embajador Felicio que pida al Gobierno brasileño “las aclaraciones debidas sobre la veracidad de lo que publicó el periódico brasileño. Al mismo tiempo, comunicado mediante, recordó que la destitución de Lugo, por mal desempeño de sus funciones, y tras un juicio político en el Congreso, tuvo lugar “en el marco jurídico establecido en la Constitución Nacional y las leyes, respetándose en todo momento el debido proceso”.

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