Entre los más de 50 proyectos de resolución y de declaración presentados por los Países Miembros para la 44.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quedó aprobado, aunque con reserva de 11 de los 34 países miembros, el que presentó Brasil para que los países eliminen las barreras jurídicas que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) para el pleno acceso a sus derechos.
Paraguay es uno de los 11 países que no acompañaron el subtema Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género que elevó el 21 de abril la delegación de Brasil ante la OEA, en Washington, a un proyecto de resolución para la Promoción y protección de los derechos humanos.
La postura paraguaya, expresada en una nota de pie de página, se sustenta en lo que ya había adelantado el canciller nacional, Eladio Loizaga: el país no suscribió las Convenciones Interamericanas contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Además, en que la no discriminación ya está consagrada en la Constitución Nacional, así como el matrimonio entre hombre y mujer.
También fue el canciller quien aclaró que una resolución o una declaración no obligan a los Estados miembros.
No son vinculantes, sino declarativos; además, que las convenciones para que tengan vigor en un país antes deben suscribirse y ratificarse.
Este tema generó manifestaciones de los sectores provida, vinculados a las iglesias cristianas, que apoyan la posición del Gobierno; y de organizaciones de la sociedad civil que promueven la inclusión de todos los ciudadanos sin ninguna discriminación por razones de orientación sexual.
CONTENIDO. La resolución aprobada insta a los Estados miembros a ratificar o adherirse a los convenios citados y eliminar las barreras jurídicas que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada.
También a fortalecer sus instituciones nacionales con el fin de prevenir los actos de violencia y las violaciones de DDHH contra personas a causa de su orientación sexual, investigarlos y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.