La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, denunció el lunes que la Binacional compró los bonos verdes pese a que es una de las empresas que más contaminan. Recordó que la planta ubicada en Villa Hayes fue denunciada en noviembre del año pasado ante la Fiscalía Ambiental del Departamento de Presidente Hayes por contaminar el agua y el aire con efluentes tóxicos, generando el debate.
Domaniczky indicó que se eligió a la siderúrgica debido a que cuando recurrieron a la Secretaría del Medioambiente (Seam), para saber qué empresas estaban certificadas por reducir sus efectos contaminantes, solo estaba Acepar en la lista.
“Se consultó con la Seam quién podía plantear esa cobertura y la institución informó que la única habilitada era Acepar”, refirió señalando que esta nota llegó el 25 de setiembre del año pasado.
Luego Itaipú autorizó la contribución voluntaria para la adquisición de certificados de servicios ambientales, en el marco de la política de responsabilidad ambiental.
Recordó que no fue una transacción a escondidas ya que incluso se realizó un acto en el Palacio de López.
“Lejos de ser una operación encubierta, fue un hecho histórico. Se constituyó en la primera central a nivel mundial que recompone corredores biológicos”, señaló.
Aseguró que el desembolso se hace en cumplimiento de la Ley N° 3001/2006, de valoración y retribución de los servicios ambientales.
Sostuvo que en ese contexto se planteó una compensación voluntaria por los efectos en el medioambiente por la construcción de la línea de 500 kV. Agregó que como se invirtieron USD 250 millones en la construcción de la línea, se invirtió el 1% en la compensación ambiental como establece la ley.
Consultado sobre si comprobaron si realmente la acería estatal cumple con la reducción de bonos de carbono, indicó que eso es competencia de la Seam.
El interventor judicial a cargo de la acería, Ing. José Luis Vinader, aclaró que el pago con bonos verdes corresponde a mantener los recursos naturales de dos inmuebles que posee Acepar, uno en Villa Hayes y otro en Concepción.
“Los bonos no fueron pagados por la planta, sino por dos grandes propiedades que tenemos en el Chaco y en Concepción. Son propiedades que en síntesis se puede decir que están produciendo naturaleza”, refirió.
Indicó que ese dinero se usó para pagar los salarios caídos del personal de los meses de noviembre, diciembre del año pasado y parte de enero de este año.
El Ejecutivo solicitó y obtuvo en noviembre del año pasado la intervención judicial para administrar la siderúrgica que estaba al borde de la quiebra y nombró a Vinader como interventor.
Tras malos manejos administrativos durante 15 años por parte del Consorcio Cosipar, que la había comprado, acumuló un pasivo total de G. 236.918 millones (USD 54 millones) y estuvo al borde de la quiebra.