“Lo que ha acontecido con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa Lamia y el piloto”, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros, al presentar los resultados de una investigación gubernamental.
En el accidente murieron casi todos los jugadores de la plantilla del club brasileño Chapecoense y quedaron con vida seis personas.
No obstante, según Claros, su Ministerio también está asumiendo acciones para sancionar los actos de responsabilidad de servidores públicos “por algunas omisiones que se han presentado”.
La directora general de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Lenny Cáceres, ratificó que también está procesada la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Celia Castedo por incumplimiento de funciones, y un responsable inmediato de la técnica por no haber advertido de los errores detectados en el plan de vuelo de Lamia.
El Gobierno también ha ampliado querellas contra quienes fueron máximas autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela, y de AASANA, Tito Gandarillas, suspendidos de sus cargos tras el accidente del avión a fines de noviembre.
Gandarillas afronta un sumario administrativo y está acusado de incumplimiento de deberes, mientras que Varela fue sindicado por “omisión de denuncia” por no haber hecho conocer la relación entre el director nacional de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas.
Según Cáceres, Vargas Villegas supuestamente incurrió “en los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Ambos, que son padre e hijo, están presos de forma preventiva.
En la rueda de prensa, el director de Transporte Aéreo, Andy Rocabado, señaló que Lamia consiguió los permisos y certificaciones según el reglamento, aunque pudo incurrir en tráfico de influencias porque fue Vargas Villegas quien supervisó todo ese proceso.
Tanto la tripulación como la aeronave de Lamia tenían sus certificaciones en regla y Rocabado especificó que respecto al combustible, es el piloto el que “tiene que verificar que la dotación total no sea igual a la autonomía de vuelo”.
