El presidente del BNF, Carlos Pereira, confirmó en contacto con radio Monumental AM que frenaron el cobro en la noche de este lunes tras recibirse una notificación judicial. El dictamen decía que “existe una orden de no innovar las acciones” de la empresa que hubiera sido beneficiada.
El banco recibió el pago del Indert consistente en G. 46 mil millones, confirmó igualmente el directivo del BNF.
No obstante, uno de los asesores advirtió al Consejo del BNF que “sería prudente aguardar” para el desembolso de la millonaria suma a la empresa en cuestión, por lo que los miembros decidieron hacerlo, explicó.
Pereira aseguró que nadie cobró el cheque, a pesar de que alguien quiso realizar el cobro.
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El Indert concretó el pago de G. 46 mil millones el pasado Miércoles Santo por un inmueble conformado por las fincas 95, 104 y 183, ubicadas en Atyrá, Tobatí y Altos, departamento de Cordillera. Representan unas 5.742 hectáreas que habían sido expropiadas a Carmelo Cabrera hace 17 años.
Sin embargo, luego saltó la denuncia de que se habría realizado una transacción plagada de irregularidades y que, según las denuncias, formaría parte de un pacto político entre el PLRA y el Unace.
Lo llamativo del caso es que el representante legal de la empresa San Agustín, Arnaldo Jara, además es administrador del Partido Unace, según confirmaron desde la misma nucleación política.
