“Tanto Itaipú como Yacyretá dictan sus propios reglamentos de administración en general y compras en particular. Diseñan sus propios procedimientos de contrataciones y tendría que verificarse si sus normativas permiten la compra directa. Pero por más de que no estén dentro de las instituciones públicas, Itaipú y Yacyretá son entes públicos y tienen que respetar un principio fundamental de la administración pública que es la igualdad de oportunidades”, manifestó.
Dijo desconocer el caso puntual de las motocicletas de Yacyretá y las patrulleras de Itaipú, pero aclaró que si hay distintos competidores para un mismo producto en un mercado, todos tienen que tener la misma oportunidad de venderle al ente público.
El principio rector en toda actividad pública de administración es el de la igualdad de oportunidades en el beneficio de contratar con el Estado y con cualquier ente público, que es un principio constitucional, superior a un tratado internacional, remarcó Seitz.
El especialista en contrataciones apuntó que cuando hay una norma que rige los procedimientos de compra de una institución pública, se tiene como base la igualdad de todos los competidores y la obligatoriedad de llamar a concurso público, objetivo y transparente, salvo cuestiones de urgencia o productos patentados.
DINERO PÚBLICO. El ex titular de la DNCP manifestó que los recursos que manejan las binacionales es dinero público, que es administrado con otro régimen jurídico.
“De que son entes públicos, no hay duda alguna. De que es dinero público y que tienen patrimonio público no hay duda. De que los principios básicos del Derecho Público le son aplicables, le son 100% aplicables. Tienen sus propias reglas de compras públicas y sus propias reglas de presupuesto anual, pero todas esas reglas tienen que respetar los principios fundamentales del derecho público y administrativo”, concluyó.
El ex contralor Óscar Velázquez había manifestado que resultaba casi imposible tener documentos de las entidades binacionales y que varias veces se intentó auditar sus cuentas. Durante la administración de Octavio Airaldi se había hecho un intenso lobby para que la Contraloría tenga acceso.