El ministro de Interior, Thomas de Maizière, al hacer balance del año pasado, aseguró que, pese a la fuerte caída, Alemania no se ha blindado, es uno de los Estados occidentales que más peticionarios recibe y que está cumpliendo con la legalidad y su “obligación humanitaria”.
En los tres primeros meses de 2016 siguieron llegando a Alemania muchos refugiados, pero su número se redujo sensiblemente en marzo de 2016, cuando “entró en vigor el acuerdo con Turquía y se cerró la ruta de los Balcanes”.
Por ese acuerdo, Turquía aceptó recibir a refugiados deportados desde Grecia a cambio de ayuda económica y el compromiso de suspender la exigencia de visados comunitarios para los ciudadanos turcos.
El Gobierno alemán, indicó el ministro, ha logrado una “clara reducción” de la cifra de refugiados, como se había propuesto, y ha conseguido además, con una serie de reformas, organizar el reto administrativo que supuso la llegada masiva de peticionarios de asilo.
En total, unos 280.00 peticionarios de asilo llegaron a Alemania en 2016, frente a los 890.000 extranjeros que entraron en el país en el ejercicio previo buscando refugio, una cifra récord.
Por su parte, la cifra de solicitudes de asilo presentadas el año pasado ante la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) se elevó hasta las 745.545, un 36 % más en términos interanuales.
Esta discrepancia en las cifras de entradas y expedientes se debe a que en 2015 la avalancha de refugiados colapsó a la administración alemana y muchos de los peticionarios de asilo que llegaron entonces no pudieron tramitar su solicitud hasta el año siguiente.
De hecho, la BAMF -a pesar de haber cuadruplicado su personal en los últimos dos años- tenía aún pendientes de resolver a finales de 2016 un total de 433.719 peticiones de asilo.
De Maizière rechazó las acusaciones de que Alemania pretende cerrarse y apuntó que, de las 695.733 solicitudes que la BAMF resolvió en 2016, en un 62 % de los casos (433.920 personas) se ha concedido algún tipo de protección.
De estas, 256.136 individuos fueron reconocidos como refugiados según la Convención de Ginebra, 153.700 recibieron protección subsidiaria de acuerdo con la legislación alemana y 24.084 personas consiguieron evitar por diversos motivos su expulsión.
Por su parte, unos 80.000 peticionarios rechazados se marcharon de Alemania, 55.000 de forma voluntaria (con incentivos económicos del gobierno) y otros 25.000 fueron expulsados, unas cifras “demasiado bajas”, según el ministro.
A este respecto, De Maizière aseguró que iniciará en febrero una ronda de contactos con los estados federados alemanes -competentes en materia de expulsiones- para que se aumente esta cifra de repatriaciones de forma evidente.
La cuestión ha suscitado un fuerte debate en las últimas semanas en Alemania, ya que el presunto terrorista del atentado de Berlín, Anis Amri, era un tunecino que las autoridades germanas querían expulsar, pero no pudieron por la falta de cooperación de Túnez.
Además, el ministro aplaudió el acuerdo que alcanzó ayer con el titular alemán de Justicia, Heiko Maas, para castigar penalmente a los peticionarios de asilo que mientan sobre su identidad o que no cooperen con la BAMF, aunque dijo no tener datos del número de casos de fraude.
De Maizière se mostró “contento” de que, con las medidas acordadas, que “se implementarán muy pronto”, les “vaya peor de lo que les va ahora” a los demandantes de asilo que traten de engañar a las autoridades alemanas.
El titular de Interior recordó que él sus colegas de los Veintiocho tienen como misión acordar, durante el primer semestre del año, un nuevo sistema de asilo para la Unión Europea (UE) en el que no sólo se reforme el acuerdo de Dublín y el sistema de reparto, sino que también se armonicen estándares, criterios y ayudas.
“Sólo cuando haya unos estándares comparables podrá funcionar un sistema europeo de reparto”, indicó De Maizière, quien consideró que las ayudas más elevadas a los refugiados de países como Alemania generan una suerte de “efecto llamada” que “debe evitarse”.
La UE debe además acordar contingentes y reasentamientos, ya que sería “inhumano” que la decisión recaiga en las mafias que trafican con personas y en la capacidad económica de los que huyen, dijo.
Juan Palop
