Año tras año, el Presupuesto General de la Nación parece ser una réplica del anterior, sin que el gobierno de turno intente una reforma profunda que priorice el bienestar de la ciudadanía.
La rigidez de los gastos hace que la mayor parte de los impuestos recaudados sean destinados a sostener gastos administrativos del Estado y que quede poco y nada para programas de salud, educación y asistencia social.
Para el ex ministro de Hacienda César Barreto, para que exista un cambio radical en la programación presupuestaria debe haber, antes que nada, una decisión que nazca desde el Poder Ejecutivo, y luego arribar a un acuerdo político que permita realizar cambios profundos, con ayuda del Congreso.
No obstante, Barreto advierte que hay ciertos sectores más difíciles de cambiar, y puso como ejemplo los contratos de obras públicas, pues estos duran varios años –el tiempo que lleve la ejecución de los trabajos–, y los salarios, pues hay personas detrás que dependen de su asignación mensual.
Para el próximo año, por ejemplo, de cada G. 100 que recaude el Estado en impuestos, G. 72 serán destinados a servicios personales (salarios, principalmente). En el año 2008, los salarios consumían G. 64 de cada G. 100 recaudados, mientras que en 2013 la cifra subió a G. 85 de cada G. 100.
“Lo máximo que se puede hacer en términos de las políticas que se quieren implementar de un año a otro es (lo relacionado con) los ingresos adicionales, es lo que más fácil se puede reasignar a otros sectores porque no están comprometidos aún. Supongamos que aumentan los ingresos en 100 millones de dólares respecto al año anterior, obviamente son recursos adicionales y se pueden redireccionar hacia otros rubros sin afectar los compromisos asumidos”, explicó.
PRIORIDAD. Barreto indicó que en estos años se vio una clara prioridad de direccionar recursos hacia obras públicas, y que, como el incremento fue mucho, no quedaron recursos para atender a otras áreas que son importantes.
Recordó que se pasó de invertir un promedio de USD 200 millones en obras públicas a USD 500 millones. Añadió que este aumento muy significativo en esta área no se compadece de otros sectores que también son importantes.
A su criterio, se pueden modificar los recursos destinados a inversión en obras y redireccionarlos a inversiones en educación o salud.
“Hay que distribuir, porque no son solamente obras públicas lo que hace falta en Paraguay, hacen falta otras cosas que son más relevantes para la gente en el día a día, que hay que tomar en consideración. Esas cosas se pueden hacer reduciendo el ritmo de inversión. Son decisiones estratégicas, no debiera ser tan sesgado, debiera ser equilibrado (el presupuesto)”, afirmó.
Según el proyecto de Presupuesto 2017, el Ministerio de Salud Pública solo tendrá 0,3% más de recursos que este año, que incluye no solo el pago al personal de blanco (médicos y enfermeras), sino también la compra de medicamentos para entregarlos en los hospitales públicos.
Mientras algunos sostienen que no se puede sostener en el tiempo un sistema de salud gratuito, otros consideran que este debería ser uno de los ejes de gobierno. Al respecto, Barreto dijo que no se puede modificar de un día para otro el sistema de salud y que debe hacerse un debate sobre los cambios que necesita.
A su parecer, la entrega de medicamentos en forma gratuita debería estar enfocada hacia quienes viven en condiciones económicas extremas.
“Para la gente pobre debe ser gratuito, porque si una persona apenas tiene para comer, de dónde va a sacar para comprar medicamentos. Pero no puede ser gratuito para todos, esas personas que tienen mayor poder adquisitivo deberían comprar algún tipo de medicamento”, indicó.
ASISTENCIA. Sobre programas de asistencia social, como Tekoporã, el ex ministro de Hacienda manifestó que debería haber mayor rigurosidad en los controles sobre la población beneficiada.
Refirió que al observar la Encuesta de Hogares se percibe que aparentemente no está llegando a los estratos económicos más bajos y sí a gente con cierto poder adquisitivo. “Un programa que debería ir para la extrema pobreza, aparentemente una parte importante va a gente que no está en la extrema pobreza, y entonces es como que no está cumpliendo el rol, por lo menos en un 100%, para lo cual se había creado”, afirmó.
Barreto considera que además debe haber una evaluación independiente y seria del impacto que está teniendo este tipo de programas en la gente. “Si los impactos son positivos, que efectivamente se puedan ver y percibir; y (hay que) ver la sostenibilidad y validación, por lo menos cada dos a tres años”, apuntó.
