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lunes 11 de julio de 2016, 02:00

Bajo fuerte presión, se define el juicio por la llamada masacre de Curuguaty

Pese a que hubo 11 campesinos fallecidos, los jueces dictan esta siesta el veredicto sobre la muerte de 6 policías (homicidio doloso y tentado), además de invasión. La Fiscalía pide penas de hasta 40 años.

Con una fuerte presión social, a la que se sumó incluso la Iglesia Católica, los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito González, que conforman el Tribunal de Sentencia que juzga a los acusados por la matanza de Curuguaty, tienen previsto dictar esta siesta, a las 13.00, la resolución del caso, donde condenarán o absolverán a los once procesados.

La vigilia de los familiares junto con representantes de sectores sociales y de derechos humanos frente al Palacio de Justicia, algunos encadenados, marcó la semana pasada el escenario en el que se definirá el juicio oral más largo de la historia del país, que empezó hace un año, con sucesivas recusaciones a los jueces.

En noviembre del 2015 empezaron formalmente las audiencias. Se juzgaba la matanza que dejó 17 muertos, entre ellos 11 campesinos y 6 policías, el 15 de junio del 2012. El caso derivó en un juicio político exprés y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

El juzgamiento tuvo momentos cambiantes para las partes, desde la sustitución del principal fiscal Jalil Rachid, que pasó a ser viceministro de Seguridad, además de todos los componentes de la defensa de los procesados.

Los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero convocaron a las partes para hoy. Allí darán la sentencia, aunque avisaron también que podrían tomarse más tiempo para deliberar debido a la complejidad del proceso.

PEDIDOS. Durante sus alegatos, los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero solicitaron altas penas para los procesados. Incluso, cambiaron su acusación inicial de homicidio doloso tentado por el consumado.

Es que, cuando se inició el juzgamiento, Rachid había señalado que no podía determinar quién mató a quién, por lo que solo acusó por tentativa de homicidio. Sin embargo, en los alegatos finales, Rubén Villalba y Luis Olmedo fueron señalados por los fiscales como los que mataron al subcomisario Erven Lovera, quien encabezó el procedimiento policial.

Con ello, para Villalba pidieron la máxima pena de 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad, mientras que para Olmedo requirieron 25 años de cárcel. Luego, solicitaron sanciones de entre 20 y 5 años de encierro para todos.

Según el Ministerio Público, se probó que los procesados invadieron las tierras de Campos Morombi, y se prepararon para emboscar a los policías. Para hacerlos ganar su confianza, tuvieron a mujeres y niños, que luego se retiraron y así después emboscaron a los uniformados.

Así, acusan por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, invasión de inmueble y asociación criminal.

DEFENSAS. Por su parte, las defensas coinciden en que todo fue un montaje con un fin político, que fue la destitución del entonces primer mandatario, Fernando Lugo, y que durante todo el proceso, a pesar de los 196 testigos, no se probó absolutamente nada.

Alegan que las tierras son de Marina Cué, propiedad del Estado paraguayo, con lo que la denuncia inicial del abogado Víctor Peña Gamba, de Campos Morombi, era nula y no podía hacerse ningún operativo.

Además, señalan que las armas que tenían los campesinos en su mayoría eran obsoletas y no podían ser usadas para matar. Es más, refieren que los policías sí tenían armas con mayor poder de fuego, con las que mataron a los campesinos. Incluso, hablan de ejecuciones.

De esta manera, piden la nulidad de la denuncia de invasión de inmueble, la apertura de una investigación contra los fiscales, además de la absolución de todos los procesados.

A pesar de las sucesivas recusaciones a los jueces durante el proceso, los defensores –en sus alegatos– expresaron su confianza en los magistrados, que podían ser objetivos y dictar un fallo justo, y no político.

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