“Esta reforma laboral no es todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por amplía mayoría aprobó”, sostuvo la mandataria durante el acto de promulgación, en el palacio de La Moneda.
Bachelet aludía a un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva y la extensión de los beneficios obtenidos a los nuevos afiliados a esas organizaciones.
Bachelet matizó, sin embargo, que pese a lo anterior “este cambio legal sigue siendo un avance significativo para las relaciones laborales”, al incluir avances como la huelga efectiva, una base mínima para la negociación colectiva y la extensión pactada de beneficios.
También, destacó, amplía la cobertura de la negociación colectiva y las materias para negociar colectivamente, fija una base a la negociación y permite la negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
La reforma regula además el derecho a información de las organizaciones sindicales, simplifica la regulación y procedimiento de la negociación colectiva, reconoce la huelga efectiva, prohibiendo el reemplazo de trabajadores en huelga como un derecho de ejercicio colectivo, garantiza la representación de mujeres en directorios sindicales y el reconocimiento de los sindicatos interempresa.
El proyecto respectivo fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento en enero de 2015, pero su tramitación legislativa estuvo jalonada por modificaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 27 de abril dicho organismo acogió en buena parte unos recursos presentados por senadores y diputados de la derecha contra cuatro normas del proyecto y declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados.
Más adelante, el pasado 14 de julio, el mismo organismo declaró inadmisibles dos nuevos requerimientos presentados por la oposición de derechas, al considerar que fueron presentados fuera de plazo.
En ello, los opositores a Michelle Bachelet pedían revisar 25 artículos aprobados por el Congreso que consagrarían la titularidad sindical, contrario a lo fallado en abril.
Finalmente, dicho tribunal declaró inconstitucional la expresión “sindicatos” en un inciso relativo a la reclamación de la determinación de las empresas sin derecho a huelga.
El texto original decía que la reclamación “se deducirá por la empresa, o el o los sindicatos afectados...”, pero al final su redacción definitiva dice que la reclamación “se deducirá por la empresa o los afectados...”.
“Aspirábamos a más, porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos”, subrayó hoy Bachelet en el acto de promulgación.
“Esto no se detiene aquí. Tenemos una agenda de trabajo muy potente que habla del compromiso del Gobierno con los trabajadores”, sostuvo Bachelet, que subrayó la necesidad no sólo de crear más empleo en el país, sino que sean de calidad.
“Es importante que Chile hable y se preocupe del número de empleos que generará, pero igualmente es importante hablar de la calidad del empleo de los trabajos que se crean”, precisó.
Agregó que “todas las leyes que hemos aprobado en dos años y medio apuntan al corazón de ambos objetivos: que se creen más puestos de trabajo y que el empleo sea sinónimo de dignidad y respeto”, concluyó.
