Fue lo denunciado por varias organizaciones en el marco del conversatorio Territorios y tierras de los pueblos indígenas en el Paraguay, realizado ayer, en el aula magna de la Universidad Católica.
De acuerdo a datos del último Censo Nacional, en el que por primera vez se recogieron datos sobre las poblaciones indígenas, casi el 40% de los grupos indígenas declararon que sus tierras son arrendadas a productores dedicados a cultivos extensivos, especialmente la soja, o a los ganaderos.
Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), fue uno de los expositores. Recordó el artículo de la Carta Magna que prohíbe esta actividad. El artículo referido a la “propiedad comunitaria” de los pueblos indígenas, indica que las tierras “serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas”.
Los contratos de arrendamiento, además de ilegales, se pactan “no en condiciones de igualdad, por eso deben ser declarados nulos”, dijo. “Igual hay jueces y fiscales que insólitamente admiten”, lamentó. Explicó que se admiten estos acuerdos porque “la gente vive en condiciones de necesidad, son incapaces de autoabastecerse”.
Zulma Franco, docente y lideresa del pueblo Yshir-Chamacoco, explicó que los cultivos extensivos o la ganadería rodean a las comunidades. Encuentran alrededor de sus comunidades “tierras donde ya no hay más vida”, entonces “ya no tienen lo que necesitan para vivir y entonces son expulsados”, dijo. El abanico de posibilidades económicas se reduce para ellos y varios líderes optan por arrendar estas tierras, para tener “al menos” algún ingreso. Sin embargo, no todos los miembros de la comunidad están de acuerdo y se generan las divisiones.
El sacerdote y antropólogo Bartomeu Meliá hizo una fuerte crítica al Estado por la inacción. “Es un Estado vendido, hipotecado”, dijo.
