Pese a las protestas, me parece razonable la suba de los aranceles de los autos usados, porque circulan autos que no deberían circular: no son seguros y contaminan demasiado. La contaminación del aire mata siete millones de personas al año en el mundo; de esa cifra, un porcentaje considerable corresponde a las emisiones de los autos. No hace falta ser médico para comprender que hace mal el humo negro de ciertos autos de Asunción; incluso hacen mal los que no lo echan, los de los países con mayor conciencia ecológica (https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/24/air-pollution-dangers-flawed).
En EEUU y la Unión Europea la importación, venta y circulación de autos se controlan mucho más que en el Paraguay. En Singapur, modelo de economía capitalista, las restricciones son aún mayores (http://noticias.coches.com/noticias-motor/singapur-coches-al-precio-de-casas/52343).
Aunque nuestros controles son insuficientes, algo debe hacerse, y tiene sentido el aumento de los aranceles. El Paraguay, al apoyar el Acuerdo de París, se ha comprometido a adoptar ciertas medidas ecológicas; cuanto antes, mejor. El aumento de los aranceles tiene un propósito más ecológico que económico: los autos usados han pagado solo entre el 0,16 y el 0,26 de los ingresos declarados en 2014 y 2015 (http://www.lanacion.com.py//?s= autos+usados+contribuyeron+solo)
Las protestas contra el aumento de aranceles provienen mayormente de los importadores de autos usados, que también protestan contra la Ley 4333 del año 2011. Esta ley prohíbe la importación de vehículos usados de más de diez años de antigüedad; aunque no se la cumple, se protesta.
Según los importadores, la 4333/11 viola el principio de la libertad de comercio. Pero la libertad de comercio, en todos los países civilizados, está sometida a la ley, que permite la libre importación de pornografía infantil, armas de guerra, explosivos y sustancias radioactivas; no hay libertad absoluta. Además, todo país organizado o con ganas de organizarse tiene una política económica, que fija el régimen de aranceles. El capítulo VI de la Constitución, que se refiere a la política económica del Estado, implica el derecho del gobierno de fijar el régimen de aranceles, dentro de lo dispuesto por los artículos 6 (“de la calidad de la vida”); 7 (“del derecho a un ambiente saludable”); 8 (“de la protección ambiental”) y 68 (“del derecho a la salud”).
Otro argumento contra la 4333/11 es que favorece el monopolio. Monopolion, en griego, se compone de mono (uno) y polion (vender, negociar). El argumento sería válido si, a causa de esa ley, tuviéramos un solo importador, pero tenemos alrededor de 160 importadores.
Entre 2012 y 2015 ingresaron al país 236.706 autos usados; de estos, el 66% tenían más de 10 años de antigüedad, o sea, 158.268 (http://www.lanacion.com.py//?s=en+cuatro+a%C3%B1os+ingresaron+158+). ¿Cómo se violó la ley? Con recursos de inconstitucionalidad. Ese recurso, que la Corte Suprema puede conceder contra leyes inconstitucionales o que causan un daño injustificado, no puede concederlo en forma absurda, como ha sido el caso.
En realidad, lo que debe cambiar no es la ley, sino la Corte Suprema, que actúa al margen de sus facultades e ignora el principio de la división de los poderes del Estado.
