Las esperadas designaciones de los cargos del contralor, subcontralor, defensor y subdefensor del Pueblo, luego de numerosos incidentes y postergaciones, se han realizado finalmente como parte de una negociación dirigida desde el sector del Partido Colorado que responde al actual presidente Horacio Cartes, en alianza con dos diputados de Avanza País y uno del Encuentro Nacional, dejando fuera del juego a los liberales, a los disidentes colorados y a los del Frente Guasu, que no asistieron a la sesión.
La designación de tan importantes cargos, que tienen la función de ejercer un rol de contralor sobre las instituciones estatales y especialmente sobre las del Gobierno central, y de ofrecer instancias de protección y defensa a los ciudadanos ante eventuales abusos del poder, ahora quedan, sin embargo, bajo el padrinazgo del Poder Ejecutivo y de sus eventuales aliados, lo cual puede convertirlos más en apéndices de quienes gobiernan, antes de que en instancias que los puedan vigilar.
Esta negociación política, habitual en los ámbitos del Congreso, ha obligado a que de nuevo tengan preponderancia los intereses sectarios que buscan imponer cuotas de poder, nombrando en los cargos a personas que responden a grupos políticos bien determinados, en lugar de elegir a los candidatos por su capacidad y por su trayectoria, repitiendo de esta manera los mismos vicios que han desnaturalizado estas funciones.
Ha sido este mismo criterio, el de concebir a estos cargos como parte de un botín que deben repartirse los partidos y sectores políticos, el que ha obligado a que el anterior defensor del Pueblo y su adjunto permanezcan durante 8 años con los mandatos vencidos, tan solo porque los sectores políticos representados en el Parlamento no lograban ponerse de acuerdo para designar a sus sucesores, sin importarles para nada que esta situación de ilegalidad haya perjudicado a la ciudadanía.
Ahora han elegido para el cargo de defensor a Miguel Godoy Servín, un dirigente colorado oficialista, al igual que su adjunto, Carlos Alberto Vera, de quienes se espera que no privilegien las líneas del Gobierno.
La diferencia partidaria está marcada por el contralor electo, Enrique García, ex procurador general durante el Gobierno de Fernando Lugo, quien pertenece al frente Avanza País, mientras que el nuevo subcontralor, Camilo Benítez, es también del oficialismo colorado. Ambos tienen la gran responsabilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la Contraloría con un trabajo honesto, marcado por la transparencia.
Aunque existan críticas y cuestionamientos sobre la manera en que se realizaron los nuevos nombramientos, es de esperar que estas nuevas autoridades respondan positivamente a las expectativas ciudadanas, sirviendo realmente al país y no a sus padrinos políticos.
