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Editorial
lunes 10 de julio de 2017, 02:00

Autoridades deben responder sobre el préstamo del IPS

La operación de préstamo aprobada por el Instituto de Previsión Social (IPS) a una empresa telefónica privada llamó la atención de la ciudadanía y generó fuertes críticas, tanto por la falta de transparencia como por los beneficios otorgados a la empresa beneficiada y la ausencia de un plan de inversiones que se vincule a una proyección del desarrollo nacional. La larga historia de despojo, de mala gestión y de corrupción que existe en la principal institución de seguridad social del país exigen de sus autoridades una mayor responsabilidad en la gestión de las decisiones del dinero que no es suyo, ya que ellas se encuentran allí de manera coyuntural.

Los fondos del IPS constituyen aportes de empleadores y trabajadores, lo cual exige rendición de cuentas e información de manera anticipada y no cuando se ha diseñado y aprobado la acción pública. La transparencia no es informar una vez tomada la decisión, sino informar el proceso, las condiciones, los riesgos y las diferentes opciones antes de decidir.

Frente a la incapacidad de las autoridades del IPS de mejorar la gestión luego de 4 años de estar al frente, llamó la atención la rapidez y contundencia con que se generó un negocio en la que el principal beneficiario es una empresa en particular. Las críticas son cada vez mayores, lo que hace suponer que la gestión no solo no mejora, sino que pareciera que está empeorando. Sin embargo, sí fue posible generar una propuesta millonaria y concretarla con la firma de un contrato. Lo que está detrás de las opiniones negativas en las redes sociales sobre la operación financiera es por qué esta eficiencia no existe para la ampliación de la infraestructura, la mejora en la atención del personal de blanco y las compras y distribución de medicamentos e insumos.

Una segunda crítica es la ausencia de un plan de inversiones, en vínculo directo con el desarrollo. El argumento para el endeudamiento con bonos es dotar de mayor infraestructura al país. La pregunta es por qué la operación no buscó financiar obras que se relacionen de manera directa con este objetivo; inclusive se podría considerar financiar un plan de viviendas que además tendría un alto impacto multiplicador en el sector y en la generación de empleos y los principales beneficiarios serían los trabajadores. ¿Consideraron esta opción?; ¿se tienen estudios que señalen que es menos beneficiosa que la elegida?

La ausencia de este plan lleva a la tercera crítica. El préstamo, más que beneficiar a los fondos del IPS, beneficia a una empresa en particular. No se dieron a conocer las razones de estos beneficios. ¿Existe algún estudio que asegure que las condiciones del préstamo eran las mejores?; ¿existen otras opciones de inversión más rentables para IPS?; ¿cuáles fueron los criterios para el establecimiento de la tasa de interés y los años de gracia? Las respuestas a estas preguntas debieran ser públicas.

Estos cuestionamientos y la ausencia de respuestas a la ciudadanía muestran la falta de transparencia en el diseño y la concreción del préstamo. Una operación de esta magnitud debería haber sido informada a los aportantes con debida anticipación. El Gobierno debe ir más allá de poner en las páginas oficiales las listas de funcionarios y sus salarios, para avanzar hacia aquella información que realmente contribuye con la rendición de cuentas y la auditoría social. EL IPS debe responder a los cuestionamientos ciudadanos proveyendo información rigurosa sobre esta operación y las que se estén considerando.