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Editorial
miércoles 30 de noviembre de 2016, 02:00

Austeridad en administración pública debe ser permanente

Molestos ante las publicaciones periodísticas que desnudaron millonarios gastos en bocaditos y otros costos de ceremonial, los miembros de la Cámara de Senadores decidieron limitar los rubros en todas las instituciones públicas, fijando un presupuesto de hasta 500 millones de guaraníes anuales para cada sector. La reacción no ha sido muy racional al imponer un criterio general, sin considerar la realidad de cada institución. La austeridad debería ser una práctica permanente en nuestros legisladores y en toda la administración pública, no una acción mediática desesperada para evitar la indignación ciudadana cada vez que estalla un escándalo.

Mientras la situación no se volviera pública, no había problemas. Pero apenas una publicación de Última Hora reveló que el Senado llamaba a licitación para proveer servicios de ceremonial y gastronómico por valor de 1.100 millones de guaraníes, estalló el escándalo.

Primero fue una airada reacción contra la prensa por publicar cuestiones tan poco trascendentes, cuando existían "temas mucho más importantes", como expresó visiblemente enfadada la senadora Desirée Masi. Posteriormente, las propias autoridades del Congreso divulgaron datos que demostraban que varias otras instituciones públicas gastaban mucho más en los famosos bocaditos que el Poder Legislativo.

Finalmente, en la sesión del lunes último, tras una encendida discusión acerca de a quiénes el Estado debía pagar o no las comidas, la mayoría de los miembros de la Cámara Alta decidieron aprobar un artículo propuesto por el senador Jorge Oviedo Matto, por el cual se establece dentro del proyecto de Presupuesto 2017 que los créditos presupuestarios programados para el servicio de bocaditos y otros gastos de ceremonial no podrán sobrepasar la suma de 500 millones de guaraníes anuales, en cualquiera de sus fuentes de financiamiento, para todos los organismos y entidades del Estado.

Es decir, al sentirse como principal blanco de las críticas por el despilfarro del dinero público, los miembros del Senado decidieron no solamente recortar sus propios gastos en comidas, sino también proceder a recortar arbitrariamente a todo el resto de la Administración Pública, aplicando un criterio general, sin detenerse a analizar las necesidades que pueda tener cada institución para la utilización de dicho rubro.

La reacción no ha sido muy racional y evidentemente estuvo motivada por una especie de pichadura generalizada ante las críticas ciudadanas, tras las publicaciones de prensa.

Es importante entender que el principal criterio de las investigaciones y denuncias periodísticas no es que los senadores coman más o menos bocaditos, sino que ajusten su proceder cotidiano a criterios de austeridad en general, en todos los aspectos, respondiendo a la realidad de un país con grandes desigualdades sociales, con una mayoría de su población que sigue viviendo en condiciones de mucha pobreza, y con numerosas necesidades de mejor salud, mejor educación, trabajo, tierra, vivienda, entre otros aspectos.

Por ello, la austeridad debería ser una práctica permanente en nuestros legisladores y en toda la administración pública, que contemple también los montos de sus salarios, el uso de viáticos y de otros privilegios, y no una acción mediática desesperada para evitar la indignación ciudadana cada vez que estalla un escándalo.