El máximo tribunal del país suramericano firmó este martes un acuerdo que establece el aumento salarial de forma retroactiva a partir del 1 de marzo pasado.
Esta subida es remunerativa y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial.
La ley establece que las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia son establecidas por la Corte Suprema, que debe velar por el equilibrio entre “el uso eficiente de los recursos y el respeto a la dignidad del trabajador”.
Sin embargo, el alto tribunal no tiene autonomía presupuestaria, por lo que la decisión señala que se solicitó a la jefatura del gabinete de ministros del país la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el incremento.