Una auditoría que realizó el Poder Ejecutivo a la administración del ahora ex presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA, Osmar Ludovico Sarubbi, evidenció varias irregularidades en la utilización de los fondos a rendir de la aguatera estatal.
De acuerdo al informe al que accedió ÚH, los auditores detectaron “un festín” en la utilización de G. 17.590 millones (USD 3,1 millones) de los anticipos de fondos a rendir, que debieron ser utilizados en caso de gastos urgentes, es decir, los que no puedan esperar el extenso proceso de cumplimiento de la ley de Contrataciones Públicas.
Según fuentes oficiales, esta situación provocó la forzada renuncia de Sarubbi, que hasta ahora se mantiene en silencio sobre su salida del ente. El periodo de la auditoría corresponde al ejercicio 2015 y el primer semestre del 2016 (ver irregularidades detectadas en los facsímiles).
El documento de la auditoría, que concluyó en marzo de este año, reveló además que los fondos de urgencia se utilizaron sin ninguna reglamentación e incluso violando la ley de contrataciones públicas.
Por ejemplo, se realizaron órdenes de pago sin la firma autorizante del presidente de la entidad, en este caso Sarubbi, y se presentaron facturas no válidas, según reportes de la Subsecretaría de Estado de Tributación, por un monto de G. 551 millones.
Además, se realizaron compras realizadas sin presupuesto o con un solo presupuesto con fondos a rendir, siendo que es necesario contar con al menos tres presupuestos para la compra de bienes de mayores a G. 5 millones.
En este caso, los auditores recomendaron a la Essap “implementar investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades, en caso de que a consecuencia de los mismos surgieran indicios de responsabilidad civil y/o penal y/o lo establecido en el artículo 64 de la Ley 1626 de la función pública”. Sin embargo, hasta ahora no se responsabilizó a ningún funcionario o director que accedió a los fondos.
Generadores. Por si fuera poco, la aguatera estatal tampoco dio cumplimiento a la recomendación, en su momento, de realizar un sumario administrativo que Contrataciones Públicas recomendó, vía resolución, y de la Contraloría, vía nota, por las supuestas irregularidades en la contratación por vía de la excepción para la compra de generador eléctrico para las ciudades de Itá y Concepción.
