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Sucesos
jueves 22 de septiembre de 2016, 01:00

Auditoría advierte que pagos de Policía son injustificables

El pago de “gratificación por servicio especial” a policías que cumplen tareas administrativas es completamente injustificable, concluyó la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Tras recibir los argumentos por los cuales la Dirección Administrativa de la Policía defendió los pagos, la Auditoría General rechazó el descargo y concluyó que millonarios pagos realizados durante el 2015 fueron ilegales.

A partir de un informe de las direcciones de Auditoría Interna y Anticorrupción del Ministerio del Interior, la Auditoría General realizó un estudio especial al programa Equipamiento para la Policía Nacional, que concluyó el 26 de julio pasado.

Ya el Ministerio del Interior advirtió que policías y funcionarios civiles habrían incurrido en el delito de cobro indebido de honorarios, al percibir montos en concepto de “gratificación por servicios especiales” (rubro 137).

Se trata de 17 policías y funcionarios del departamento de Auditoría Interna de la Policía: Jaime Alfirio Dávalos, Jorge Alfredo Fretes Libardi, Carlos Díaz Colmán, Claudia Núñez Aguilera, Fany Bogarín Ayala, Verónica Cardozo, Ramón Alfaro Santos y Édgar Núñez Marecos, todos ellos policías. También figuran los civiles Claudia Benítez Bracho, Silvia Franco Giménez, Miguel Ángel Yegros Monges, Eulalia Colmán, Patricia Pavón, Daisy Fernández, Laura Paola Pavón, Alexis Luciano Díaz Fernández y María Margarita Quintana González, según el informe de Auditoría.

Solo en octubre del 2015, estas 17 personas cobraron más de G. 30 millones, de los G. 73 millones repartidos por dicho rubro en el mismo mes. Los pagos a cada policía ese mes fueron de G. 1.000.000 a G. 2.500.000.

La ley del presupuesto 2015 establece que, en el caso de policías, solo podrán cobrar por el rubro 137 aquellos que estén “en comisión de servicios en bancos, entidades públicas, y comisión o misión de servicio institucional en el exterior”.

La Policía sostiene que no hay irregularidad debido a que el decreto reglamentario a la ley amplía el espectro a aquellos policías con “labores y responsabilidades vinculadas a control, verificación, vigilancia, custodia o protección de personas y bienes muebles e inmuebles de la institución”, por lo cual los policías administrativos entran dentro de esta categoría.

Sin embargo, la Auditoría General sostuvo que este argumento no justifica los pagos y agregó que el programa de equipamientos de la Policía, por el cual los 17 policías y funcionarios recibieron las gratificación, cuenta con solo una auditora encargada del control y verificación de bienes, pero el pago se hizo mensualmente a 17 personas.