Los pobres -por no decir pésimos- resultados de los operativos e incursiones en la zona de influencia del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en los últimos tiempos, por primera vez han obligado a la clase política de nuestro país a poner en tela de juicio la presencia de los militares en el norte de la Región Oriental.
A esto se le suman las denuncias de supuesto espionaje a una periodista y de atropellos por parte de los uniformados a humildes comunidades campesinas, acusadas estas últimas de encubrir a los miembros del mencionado grupo criminal.
El diputado Ramón Duarte, del Frente Guasu, anunció a los medios de prensa que el próximo 2 de setiembre se llevará a cabo la audiencia pública para debatir con los pobladores de la zona Norte sobre la continuidad o no de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada para combatir contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA).
La audiencia pública será en la localidad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
También a iniciativa del diputado liberal Édgar Acosta, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó pedidos de informes a los Ministerios del Interior y de Defensa, para solicitar datos que hacen referencia a la Fuerza de Tarea Conjunta.
Aquello incomodó especialmente al gremio de productores del país y, en conferencia, los titulares de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidieron que continúe el concurso de las FTC en el Norte y señalaron que ante una eventual retirada de las mismas, se convertiría en una “tierra de nadie”.
No obstante, bajo el gobierno de Horacio Cartes -quien al asumir el mando dijo que el EPP “no le marcaría la agenda"- el grupo armado perpetró la mayor cantidad de ataques y mantiene en cautiverio al suboficial de Policía Edelio Morínigo y a los colonos menonitas Abraham Fehr y Franz Wiebe.
Sin lugar a dudas, este último atentado que deja ocho militares muertos coincide con un momento en que la FTC se encuentra caminando por la cuerda floja.