La propagación de la enfermedad del dengue, ocasionada por el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, se está convirtiendo en una situación de emergencia, tanto que la Secretaría del Ambiente (Seam) ha resuelto declarar contingencia ambiental a nivel nacional y amenazar con aplicar multas a los propietarios de terrenos y a los propios municipios que no cumplan con la adopción de medidas de limpieza.
Según los últimos datos publicados ayer por este diario, hay 1.439 casos confirmados de dengue, 3.888 notificaciones de casos en las últimas tres semanas, 5 fallecimientos confirmados y 1 fallecimiento aún en estudio. También existe un caso de muerte confirmada por zika, enfermedad causada por el mismo mosquito transmisor.
Aunque hace casi tres décadas que el Paraguay convive con el dengue, se han logrado pocos avances en los métodos de prevención y control. Este año, particularmente, se vive un recrudecimiento de los casos registrados, demostrando que la población sigue sumamente vulnerable a contraer la enfermedad, que si no es debidamente atendida puede resultar fatal.
Ante la preocupación despertada en la población por la gran cantidad de casos, en los últimos días se han producido diversas reacciones de autoridades, buscando deslindar responsabilidades acerca de lo que está pasando. Una de las más notorias intervenciones ha sido la del propio presidente de la República, Horacio Cartes, quien instruyó al ministro de la Seam, Rolando de Barros, a “intervenir todos los municipios que incumplan con las acciones de mitigar la propagación del dengue”. Ya existen 24 municipios con sumarios administrativos por parte de la Seam, que se exponen a fuertes multas de hasta 20.000 jornales (cerca de 1.570.100.000 guaraníes). El ministro de Barros anunció que varios intendentes municipales pueden llegar a ser imputados por la Fiscalía, debido a su ineficacia en el combate contra el dengue. “No vamos a dejar que más paraguayos mueran por inacción de los intendentes”, destacó el funcionario.
Echar la culpa solamente a los municipios, o que muchas autoridades reclamen por la falta de higiene y de limpieza de gran parte de la población, no libra al Gobierno de su gran responsabilidad en la emergencia creada por el aumento de casos de dengue en el país.
La propagación del dengue es un problema de salud pública y como tal debe ser asumido por los organismos del Estado.
Que no exista un adecuado nivel de conciencia en la población también responde a la deficiente educación, como a la falta de un control más estricto y de la correcta aplicación de medidas correctivas ante quienes incumplen las leyes ambientales.
Se necesita despertar la participación ciudadana y la cooperación activa. Para ello, los gobernantes deben dar el ejemplo.