29 mar. 2024

Astrea sometida: Urge colocar a reforma judicial en agenda

El próximo fiscal general del Estado deberá ser elegido por el Congreso y el Poder Ejecutivo de la terna que conformará hoy el Consejo de la Magistratura. Con una maniobra para tener una nueva mayoría dentro del órgano, el oficialismo colorado ya dejó claro su interés en injerir en la selección del próximo titular del Ministerio Público. Esta institución, así como el Poder Judicial, cuenta con el desafío de independizarse realmente de los poderes fácticos. La desidia en investigaciones claves como el crimen de Rodrigo Quintana o el cajoneo de causas a congresistas y autoridades públicas demuestran que el sistema judicial está lejos de emanciparse de los políticos. El debate por una reforma judicial es urgente para que la impunidad ya no sea moneda de cambio entre los poderosos.

Hoy, el Consejo de la Magistratura debe conformar la terna para el cargo de fiscal general del Estado. El proceso de selección no estuvo ajeno a escándalos: En medio de las audiencias públicas a los candidatos, una alianza parlamentaria entre el oficialismo colorado, el llanismo y el Frente Guasu permitió que el Senado y Diputados designen nuevos representantes en el órgano encargado de elaborar la terna. De esta manera, el cartismo consiguió una nueva mayoría dentro del Consejo. Esta jugada política demostró el obvio interés del oficialismo colorado en tener injerencia en la selección del próximo titular del Ministerio Público.

Ahora bien, antes de analizar cuáles son los desafíos del próximo fiscal general, conviene reconocer en qué situación se encuentra hoy la Fiscalía. Quizás la causa más importante de los últimos tiempos es la del atropello al local partidario del PLRA y el homicidio de Rodrigo Quintana por parte de la Policía Nacional. Hasta ahora, la Fiscalía no pudo contestar a una pregunta clave: ¿Quién ordenó a la Policía que entre al partido sin una orden judicial? La desidia o negligencia del Ministerio Público se hace cada vez más latente a medida que los abogados de la familia Quintana revelan pericias sobre las comunicaciones entre los altos mandos policiales de aquel momento y el primer anillo del presidente Horacio Cartes o denuncian adulteración de evidencias.

Si a esto sumamos más de una decena de causas judiciales a políticos –entre parlamentarios, ex ministros y autoridades– que duermen en los cajones del Palacio de Justicia, vemos que el sometimiento tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial es evidente. Hoy por hoy, los representantes del Senado ocupan la mitad de los escaños del Jurado de Enjuiciamiento y dos de los ocho cargos del Consejo de la Magistratura. Cada año, vemos cómo el Jurado desempolva denuncias contra fiscales que investigan a intendentes, gobernadores o congresistas y los castigan por fastidiarlos. Lo mismo ocurre con los magistrados cuyas sentencias molestan a los poderosos.

Así las cosas, la tarea del próximo fiscal general por un sistema judicial más independiente y transparente es titánica, casi imposible. Sin una verdadera reforma, la Justicia nunca se emancipará realmente del poder político. Cambiar un nombre por otro no transformará mágicamente al Ministerio Público o a la Corte Suprema en instituciones creíbles, decentes y eficaces. Para esto necesitamos un acuerdo ciudadano y político en el que los intereses generales prevalezcan a los partidarios. El debate de cambios profundos en el sistema judicial es urgente y deberá iniciarse con la modificación de leyes, como pretende la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia, y continuar con cambios más estructurales a nivel constitucional. De lo contrario, condenamos a la diosa Astrea a seguir sometida a los políticos.