Fue una dura semana para el Poder Judicial. Sin quererlo, un fiscal y un juez expusieron su faceta más putrefacta. Ambos casos saltaron a la luz con días de diferencia y sirvieron para exhibir, una vez más, una de las características más tenebrosas de nuestra Justicia: su venalidad. En una inmensidad de procesos, el derecho está muy lejos del palacio de Astrea.
Probablemente el juez de la Niñez, Guillermo Pereira Saguier, nunca pensó que la imagen de su bóxer rosado iba a convertirse en un viral en las redes sociales. Si bien mucha gente tomó sus acosos a la modelo Gaby Wolscham de forma jocosa, la actuación del magistrado merece un castigo más duro que una simple sanción administrativa o ética. En definitiva, en sus mensajes el hombre daba a entender a la modelo que si accedía a tener relaciones sexuales, él la favorecería en una demanda por régimen de relacionamiento con el padre de su hijo.
Por si esto fuera poco, a pocas horas de que se haga pública la denuncia de Wolscham, otras mujeres también denunciaron haber sido víctimas del mismo modus operandi del juez, quien ante la contundencia de las acusaciones se llamó a silencio y ayer finalmente renunció al cargo. A estas alturas, el magistrado ya debería estar siendo indagado en el ámbito penal. La actuación de Pereira Saguier podría considerarse hasta más peligrosa que la del fiscal Rubén Villalba, detenido por cobrar una presunta coima.
El caso de Villalba enseña otras ya conocidas aristas de la tragicomedia judicial. Según los datos recabados por fiscales anticorrupción, este apadrinado del senador Galaverna e insigne representante de la masonería en los tribunales, montó una red para cobrar siderales montos a un imputado y lavar el dinero a través de la compraventa de vehículos en una playa de automóviles. Es el tercer fiscal que es detenido con una coima en lo que va del año.
Casi todos los implicados en esta red de cobros son masones, así como el juez Pereira Saguier. Este denominador común en ambos casos no es simplemente anecdótico, sino que encierra otro punto igual de preocupante: la inmensa y oscura influencia de un grupo extrajudicial en fiscales, jueces y abogados de peso.
Si a esto agregamos cerca de treinta estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción –uno de los más importantes semilleros de jueces y fiscales– imputados por comprar notas al por mayor, el panorama se ensombrece aún más. Los grandes cambios siguen haciéndose esperar en un sistema judicial que está enfermo y cuyos síntomas se manifiestan cada vez con más fuerza.
