10 de diciembre
Sábado
Poco nublado con tormentas
21°
28°
Domingo
Parcialmente nublado
20°
30°
Lunes
Mayormente nublado
22°
32°
Martes
Mayormente nublado
21°
31°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Especiales
martes 19 de julio de 2016, 15:58

Asistencia alimenticia: Cuando se niega el sustento a los hijos

El desentenderse de los hijos –tanto económica como emocionalmente– es un problema social que pareciera de nunca acabar, sin embargo, el sistema judicial ofrece herramientas para exigir que los derechos de los niños sean cumplidos. Aunque llevar adelante una demanda por asistencia alimenticia puede ser muy angustiante, luchar por los derechos de los hijos hace que valga la pena.

Por Karen Núñez - @karencitanunez

· Una madre denunció que su ex pareja le ponía como condición para abonar la asistencia alimenticia para su hijo que tuvieran relaciones sexuales. También le exigía que se dedicara a la prostitución para ganar el dinero que necesitaba para mantener al niño.

· En el 2012, cuando su hijo tenía 11 meses, una madre demandó a su ex pareja por la asistencia alimenticia a favor del niño. El hombre fue condenado al pago de G. 500.000 mensuales, pero nunca cumplió. Recientemente, su caso pasó a juicio oral y el tribunal dispuso que abone la totalidad de la deuda, que ya sumaba G. 24 millones, además de seguir abonando la suma mensual de G. 500.000.

· Cuando supo que su novia estaba embarazada, la abandonó. No la ayudó con los gastos del embarazo ni del parto. Se niega a colaborar económicamente con la manutención de su hija, que ya cumplió un año. Dice que no tiene trabajo, que es insolvente y que no podrá pagar.

Casos como estos hay miles, que nos indignan y nos llenan de impotencia. En nuestro país, 7.463 solicitudes de juicios por asistencia alimenticia (incluyendo demandas de asistencia alimenticia prenatal, aumento o disminución de asistencia alimenticia y asistencia de parientes) se presentaron durante el 2015. Sin embargo, existen muchísimos otros casos que no son denunciados, ni llegan a instancias judiciales, pero que forman parte de una amplia problemática social.

Embed
La abogada Nidia Vázquez Coronel lleva 15 años trabajando en el área de niñez y adolescencia. Con ella conversó ULTIMAHORA.COM para aclarar algunos conceptos y conocer un poco más de esta realidad que afecta a muchísimas familias en el Paraguay.

La profesional comenta que esta es un área muy sensible, pues "tanto los niños como sus madres se ven y se sienten desamparados en relación con sus derechos mínimos". Considera que el tema del abandono o desentendimiento de la responsabilidad hacia los hijos es una problemática social global que solo podrá cambiarse a través de concienciación, así como con un endurecimiento de las penas, en especial con los reincidentes.

El temor pone freno a las denuncias

Frecuentemente, le toca convencer a sus clientes de seguir adelante con una demanda, pues el miedo y el estrés inciden profundamente en la decisión de denunciar y/o de iniciar acciones legales. "Muchas no se animan, más bien por miedo a todas las amenazas a las que los obligados les someten diciendo: 'Me voy a declarar insolvente', 'Voy a salir de mi trabajo', 'Prefiero irme a la cárcel que pasarte plata', 'Te voy a sacar la criatura'. Estas son las frases más utilizadas por los obligados, que muchas veces vienen acompañadas de violencia física y sicológica hacia las demandantes que, por consiguiente, acarrean estrés en ellas", afirma la profesional.

Otras personas, para evitar malos ratos, prefieren "olvidarse del papá o la mamá irresponsable". "Sin embargo, conversando se les puede hacer entrar en razón de que la obligación y responsabilidad es del alimentante con el menor y que como padre, madre o tutor, su responsabilidad es hacer valer el derecho de ese niño", expresa.

Vázquez considera que la razón más fuerte para acudir a la Justicia es hacer valer el derecho que la Constitución Nacional le garantiza al niño. "Con sus luces y sus sombras, el Estado otorga las garantías y las herramientas para hacer valer el derecho del niño a ser asistido económicamente por el padre y/o madre ausente en su vida, y se deben aprovechar esas herramientas", asegura.

Recuerda con mucha impotencia el caso de una mujer que se dedica a la venta de quiniela, quien demandó hace mucho tiempo al padre de su hija y, aunque la sentencia de asistencia se dictó hace diez años, en todo este tiempo el hombre abonó solamente 4 cuotas. El sistema penal permite que el acusado siga libre, mientras que la niña no recibe lo que por derecho le corresponde. La mujer espera fecha para un juicio oral y público donde se pueda resolver esta situación.

No obstante, Vázquez considera que "si bien muchas veces la Justicia actúa de esta manera, como abogada debo confiar en el sistema y como ayudante del mismo debo pelear por que sea más eficiente".

Embed


Lo que dice la ley

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que el padre y la madre del niño o adolescente tienen la obligación de proporcionarle una alimentación suficiente y adecuada a su edad, y brindarle vestido, educación, habitación, recreación y asistencia médica (Art. N.° 97).

Cuando alguno de los progenitores no hace su parte, la persona que está a cargo del niño puede reclamar ante la ley el cumplimiento de esta responsabilidad. Como primera opción, es conveniente intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Este acuerdo se puede hacer en la Oficina de Mediación, ubicada en el Poder Judicial, también a través de la Codeni o ante escribanía, con la firma de ambas partes; pero para que tenga fuerza coercitiva, debe ser homologado ante el Juzgado de la Niñez.

De no haber acuerdo, se puede iniciar la demanda por asistencia alimenticia, con el patrocinio de un abogado.

Quien no cumple con su obligación puede recibir penas de entre 2 y 5 años de prisión. Si se constata que el demandado es insolvente, la responsabilidad se traslada a los familiares, primeramente a los abuelos del niño, si ellos no pueden, a los tíos, etc.

En el Código de la Niñez no se establece un porcentaje fijo para la asistencia, es el juez quien resolverá el monto, con base en los ingresos del demandado, las necesidades del niño, etc. Sin embargo, el Código Laboral solo permite el embargo de hasta el 25% del salario (sea cual fuere la cantidad de hijos) y solo en caso de cuotas atrasadas el embargo puede llegar al 50%.

Qué se necesita para iniciar una demanda de asistencia alimenticia

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia es el órgano encargado de atender las demandas de asistencia alimenticia y todo lo que atañe al bienestar de los niños.

Para iniciar la demanda, uno debe contar con un abogado. Como documentación se debe presentar el certificado de nacimiento del niño y su cédula (si ya la tiene), además de la cédula de identidad de quien solicita la asistencia.

Es un requisito que el niño esté reconocido por su progenitor, por lo cual, si esto no es así, primero debe iniciarse un juicio de filiación y con la sentencia firme e inscripta presentar los documentos mencionados anteriormente.

Es importante destacar que el artículo 189 del Código de la Niñez establece que la cantidad que se fije en concepto de pensión alimentaria será abonada por mes adelantado desde la fecha de iniciación de la demanda y en caso de demanda de filiación anterior desde la fecha del inicio de ese juicio.

Cuánto dura el proceso

El proceso judicial de asistencia alimenticia puede durar entre 6 meses y un año, o incluso más. Muchos factores influyen en el tiempo, tales como la voluntad del alimentante de asistir al niño y su predisposición para llegar a un acuerdo, la diligencia de los Juzgados (cuyo actuar se ralentiza mientras mayor cantidad de expedientes manejan), así como también el tiempo de respuesta de los pedidos de informes para establecer el promedio de ingreso del alimentante (padre, madre o tutor legal).

Cuánto cuesta

En teoría, el juicio de asistencia alimenticia no tiene costo, pues no se paga ninguna tasa judicial y las notificaciones, por acordada de la Corte Suprema de Justicia, son gratuitas, explica la abogada Nidia Vázquez. Sin embargo, si las notificaciones deben hacerse fuera de la jurisdicción sí tienen un costo, que varía según la distancia.

"También debe tenerse en cuenta que dentro de un proceso se deben notificar todas las actuaciones solicitadas y providenciadas por el Juzgado. El costo de las diligencias fuera del Juzgado, como ser los pedidos de informes, gestión para conseguirlos, las reiteraciones, las idas y venidas, son lo que realmente tiene su costo, así como el seguimiento del expediente por parte del abogado, las fotocopias, etc.", agrega Nidia.

"Muchas veces los informes son para un solo lugar, otras veces son para distintos lugares, por tanto, el trabajo, tiempo y complejidad tiene mayor costo, que puede ir desde G. 500.000 hasta G. 2.000.000, en promedio. Estos no son números fijos y no incluyen los honorarios profesionales", agrega la profesional.

En caso de insolvencia, el demandante puede acercarse hasta la Defensoría de la Niñez y se le proveerá de un abogado en forma gratuita, previa comprobación de su situación económica.

Qué pasa si no se cumple lo dispuesto por el juez

No existe un mecanismo definido para controlar el cumplimiento, explican desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial. Lo que comúnmente sucede, es que el demandante consulta la cuenta abierta a nombre de la causa y, al percatarse de que el demandado no ha realizado los depósitos del dinero correspondiente a la asistencia alimentaria resuelta por resolución judicial, realiza la denuncia.

Transcurridos dos meses sin que se deposite el monto fijado, se puede presentar denuncia ante la Fiscalía de la jurisdicción, por incumplimiento del deber alimentario, que es un delito de acción penal pública. Para ello, se debe presentar la copia autenticada de la sentencia y el certificado de nacimiento. El Ministerio Público se encarga de realizar la investigación penal, con vistas a que el infractor se ponga al día o vaya a juicio para una condena.

Se debe esperar, entonces, que la Justicia cumpla su papel y castigue a los infractores, cosa que en la realidad no siempre se cumple de manera rápida y efectiva.

Recientemente se promulgó la Ley 5415/15, por la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), que funcionará como una base de datos con la información de las personas que tienen pagos pendientes respecto a sus deberes alimentarios hacia los hijos y que les impedirá realizar préstamos en entidades financieras. La Dirección de Estadística Judicial de la Corte Suprema de Justicia se encargará de su implementación.

Mientras tanto, algunas personas no ven otra opción más que escrachar públicamente a quienes se desentienden de sus hijos. Existen incluso grupos en el Facebook donde madres, padres y otros parientes denuncian el incumplimiento de la prestación alimentaria, comparten sus experiencias y frustraciones ante el desamparo del que son principales víctimas los niños.

Embed