En una apertura de cuenta corriente bancaria a nombre de la sociedad, según documentos que obran en el expediente judicial de la causa “Humberto Blasco y María Lorena Segovia sobre Lesión de Confianza”, Maluf aparece como socio gerente de CIA y Antonio Nicolás Pangrazio Ruoti como socio director.
Pangrazio, junto con el representante legal de la consultora, Wilian Campos Cervera, son las caras visibles de los contratos que la consultora CIA firma como proveedora del Estado. Maluf figura como parte en la cuenta corriente abierta a nombre de la firma en 1998, según el informe expedido el 12 de noviembre del 2013 por el HSBC Bank Paraguay SA.
Oculto. Maluf nunca apareció en los registros de Contrataciones Públicas, donde la consultora de la cual es socio y donde presta servicios, está registrada como proveedora del Estado. De hecho, como funcionario público tiene prohibido ser proveedor o formar parte de una sociedad que es contratista del Estado, según afirmó varias veces el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta.
El artículo 60 de la Ley de la Función Pública dice que “queda prohibido al funcionario dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas”.
Así también, la sociedad descalifica para contratar con el Estado en el caso de tener como asociado a un empleado público, o en el caso de que el funcionario mantenga algún tipo de interés o relación profesional, según el inciso a) del artículo 40 de la Ley 2051, de Contrataciones Públicas.
El mismo Maluf confirmó: “Trabajo sí para ellos, presto servicios a la consultora”. Incluso fue encontrado haciendo oficina en CIA en pleno horario laboral, que, según él, “es fortuita, vine a llevar algunos papeles”, conforme señaló sobre el tema.
El director jurídico de Contrataciones Públicas, Luis Godoy, señaló que por este vínculo “la sociedad no debería participar” del proceso licitatorio para la fiscalización de la citada obra.
Sin embargo, en una suerte que apunta al blanqueo, el presidente de la ANDE, Víctor Romero, entre contradicciones sostuvo primeramente que su asesor Maluf “estuvo en la sociedad hasta el 2005”. Hace un par de días salió con otra declaración y dijo que “formó parte de la sociedad hasta el 2008”, pero en los registros comerciales figura que Maluf es accionista y que Pangrazio Ruoti es presidente.
Varios de los documentos rescatados de la carpeta fiscal que investigó el “doble pago” por un mismo proyecto penitenciario por el que fue adjudicada CIA coinciden con los registros comerciales que tienen a Maluf como accionista de la consultora precalificada para fiscalizar el tendido eléctrico.