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sábado 6 de agosto de 2016, 02:00

Asesor legal afirma que sin medida cautelar la UNA quedaría sin timón

El asesor jurídico de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Daniel Sosa, afirmó ayer que el principal motivo por el cual se impulsó la medida cautelar contra la Ley 5.554 de Presupuesto es que la aplicación de esta normativa dejaría sin timón al Rectorado y a los Decanatos.

La orden dispuesta por la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto los artículos 46 y 47 de la Ley 5554, que establecen que los rubros docentes L, Z y U solo puedan ser asignados a quienes impartan clases y que para acceder al cargo de docente investigador se debe realizar concurso de oposición.

Sin embargo, según Sosa, el Estatuto de la UNA establece que los cargos de rector, vicerrector y decano, entre otros, son cargos docentes y compatibles con otros rubros administrativos.

“Si no se cuestionaba esta disposición, la Universidad podría quedar acéfala en el presente ejercicio fiscal. No podíamos no intervenir y correr ese riesgo. Esta acción no tiene otro fin que el de precautelar el funcionamiento integral de la UNA”, expresó, al momento de recordar que por mandato del Consejo Superior Universitario (CSU) se impulsó la acción de inconstitucionalidad.

Remarcó que no es la intención revivir el añejo esquema de repartija de rubros docentes a funcionarios sin preparación y planilleros.

Concurso. El asesor legal aseguró que tampoco se busca dejar sin efecto los concursos para acceder a la docencia, sino que por una inconstitucionalidad ganada contra la Ley 1626, los concursos no se pueden realizar bajo los mecanismos de control de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Recordó que se hacen concursos para el acceso y la renovación de los cargos de docente investigador, pero bajo los efectos de las reglamentaciones internas de la UNA.

Señaló que también se atacó a la Ley de Administración Financiera, porque anualmente Hacienda pone un tope al presupuesto de la institución, lo que a su criterio no corresponde, ya que es el Poder Legislativo el que debe hacerlo.

Si la UNA sigue el Plan Financiero, gastaría G. 18.932 millones menos, lo que según Sosa representaría problemas para cumplir con las obligaciones y menos inversiones.

ÚH intentó hablar con el rector Abel Bernal, pero el alto funcionario de la UNA no quiso dar su versión.

Los representantes estudiantiles quedaron sorprendidos por esta medida cautelar obtenida por la UNA.

Se mostraron preocupados porque consideran que la Corte otorgó luz verde para revivir el “esquema Froilán”, que repartió a cientos de funcionarios administrativos los rubros que debían ser destinados a profesores e investigadores.