“Ellos ya tienen los papeles otorgados por la Corte, la Comisión de Refugiados del Uruguay, que es similar a la Conares de Paraguay. Con ese documento, ellos prácticamente ya gozan de estatus de refugiados, aunque no se haya dictado sentencia definitiva”, explicó el abogado especialista en derechos humanos.
“Ellos están documentados y no pueden ser extraditados, no corre la extradición en estos casos. Este es un tema de refugio, que se funda en dos cosas: en el temor fundado y en el peligro que corre la vida de estas personas por su opinión o pertenencia a un grupo político determinado”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que el sometimiento del Ministerio Público al Ejecutivo se tornó evidente con las últimas acciones de la Fiscalía, tras un discurso pronunciado por Horacio Cartes, en el que reclamó a la Fiscalía más detenciones por la quema del Congreso.
“Es un caso evidentemente político, se originó en defensa de la Constitución. Está el agravante de que entraron al partido y mataron”, aseguró Aseretto.
“La Justicia aquí es claudicante, sumisa y obediente al Poder Ejecutivo. Cartes pidió la prisión de ellos y ahí empezaron los fiscales con la persecución. No existe ninguna garantía del debido proceso para esta gente. Por eso se habla del temor fundado y tienen que estar en el país, o sea en Uruguay”, agregó.
