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Política
lunes 5 de junio de 2017, 01:00

Aseguran que terratenientes controlan a los partidos y los poderes del Estado

Para el ex titular del Indert Alberto Alderete, una reforma agraria real se dificulta por la influencia del sector agroganadero. Dijo que con Cartes disminuyó la distribución de tierras a familias campesinas.

Roberto Irrazábal

roberto-irrazabal@uhora.com.py

La reforma agraria establecida en la Constitución Nacional de 1992 es uno de los pilares para lograr el bienestar rural y el progreso de las familias campesinas. Sin embargo, las trabas surgidas desde los sectores poderosos con tentáculos en los poderes del Estado no han permitido su implementación y, según analiza el ex titular del Indert Alberto Alderete, el gobierno del actual presidente Horacio Cartes ha aumentado la brecha a favor del enclave agroganadero y disminuido la distribución de tierras para los más pobres.

"La Constitución reconoce que en nuestro país hay una alta concentración de la tierra y un sistema latifundista... Todos los gobiernos que se sucedieron después no pudieron realizar la reforma agraria, principalmente porque nuestro país tiene sectores socioeconómicos que acaparan la tierra", manifestó Alderete, señalando directamente a los sojeros y ganaderos.

Sostuvo que estos grupos poderosos tienen una alta influencia e incidencia en el Estado y en los partidos políticos, por lo que la reforma está atada de pies y manos, y no logra avanzar.

nuevo rumbo. "Estos grupos económicos tienen al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, los tres poderes del Estado son órganos dependientes de sus intereses económicos. Aquí tenemos que el gobierno actual tiene el nivel más bajo de distribución de la tierra comparado con los gobiernos anteriores", dijo.

Indicó que esto se debe a que desde el principio del gobierno de Cartes, el Indert se negó a comprar tierras y apostó a la recuperación, pero tuvo que cambiar de política por presión de los campesinos.

En números, estimó que con el "nuevo rumbo" el promedio de distribución de tierra bajó de 2.000 familias por año a menos de 1.000. Recordó además los vetos al impuesto a la soja y a la expropiación en Guahory, como muestra de su inclinación hacia un sector.

"El presidente de la República no tiene autonomía como representante del Poder Ejecutivo con respecto a sus intereses económicos, porque está ligado al sector de los latifundistas. Él es un gran latifundista estanciero y su patrimonio inmobiliario rural está compuesto por tierras malhabidas que le ha robado al Estado paraguayo en el Chaco, más de 4.000 hectáreas que se hizo adjudicar en forma ilegal, porque él no era sujeto de la reforma agraria", señaló.

Latifundios. Señaló que los países desarrollados lograron eliminar sus latifundios como clave para el progreso, pero que nuestro país aún no puede hacer esto a causa de los intereses privados, y en consecuencia aumenta la pobreza en el sector campesino.

"Los grandes propietarios de tierra tienen coaptados y capturados a los tres poderes del Estado, por eso no puede avanzar la reforma agraria. El Poder Judicial es el principal actor que se opone a la recuperación de las tierras malhabidas, porque esto pasa por demandas judiciales que presentaron tanto la Procuraduría como el Indert para anular los títulos ilegales, pero se han opuesto terminantemente y han protegido el robo al Estado paraguayo", dijo.

Señaló que existen pequeños pasos gracias a las compras del Estado de tierras para campesinos, pero que los recursos económicos asignados son ínfimos con relación a la demanda de tierra.

"Según investigaciones mías, desde 1992, a partir de la promulgación de la nueva Constitución, todos los gobiernos redistribuyeron tierras a unas 1.800 a 2.000 familias por año, en lotes de 10 hectáreas, salvo el gobierno de Fernando Lugo, que aumentó, pero ese es el promedio. Durante el gobierno de Cartes bajó considerablemente, yo estimo que en menos de 1.000 familias al año", dijo.

Señaló que el intento de recuperar tierras por parte del Gobierno actual no ha dado frutos y que la mayoría de los casos siguen en los estrados judiciales, salvo uno en Ñacunday.

Alderete recordó la caída de dos gobiernos como producto de la crisis rural, como se dio con la administración de Raúl Cubas Grau, que cayó presionado por las protestas donde tuvo protagonismo la FNC, así como también el propio juicio político a Fernando Lugo, que se dio utilizando la masacre en un desalojo contra campesinos en Curuguaty.