En el comunicado, el Arzobispado se refirió “especialmente a temas delicadísimos como la conformación natural de la familia, la contracepción, el aborto y la protección integral y total de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.
“Es necesario que la ONU, fiel a su espíritu fundacional, respete la tradición cultural de los pueblos, sus valores esenciales y sus creencias, así como el reconocimiento de que el rol de tutoría moral y espiritual corresponde a la familia y a la religión”, señala el escrito.
VIGILANTE. En su comunicado, el Arzobispado sostiene que la fuerza moral de una nación está en sus creencias y en sus valores, los cuales, vividos conforme con una sana educación integral, que tenga en cuenta todas las dimensiones de la persona, no puede rechazar la fe, que es una dimensión fundamental de la estructura psicosocial y espiritual del ser humano.
“Lastimosamente, varias recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos para el Paraguay y otros países, incluyen supuestos nuevos derechos como los proclamados por grupos radicales que están insertos en la organización y abogan en favor de la legalización del aborto, de la eutanasia y de las uniones homosexuales y de otros ‘géneros’, con posibilidad de adopción de hijos por parte de esas parejas”, enfatiza el documento.
Asegura que “la Iglesia aboga por los niños, especialmente por los que tienen alguna discapacidad y/o que todavía se encuentran en el seno materno y que corren serio riesgo de ser descartados por la sociedad si se aceptan los nuevos cánones de la cultura de la muerte, donde lo malo se hace legal y con auspicio del Estado, promovidos por los agentes internacionales a nivel global”.
“La Iglesia alza la voz en nombre de las familias que viven aún en situaciones estructuralmente injustas, las que deben ser superadas con políticas públicas serias y sostenidas. En definitiva, con políticas de Estado y no solo de un gobierno”, añade el escrito.
Tras aclarar que también comparte varios objetivos de bien común que propone la ONU y, como Iglesia, trabaja subsidiariamente con el Estado para su consecución; “sin embargo, estamos vigilantes para salvaguardar los valores humanos y cristianos de nuestro pueblo, para que el desarrollo atienda y promueva la vida digna y plena de todos”.
