Con el argumento de que se plantea recuperar la inversión realizada por el Estado, la normativa que tuvo media sanción ayer y pasa a disposición del Senado, apunta a blanquear a los tenedores de las mencionadas fincas que no gozan del beneficio previsto en el Estatuto Agrario, y que se hallan ocupando irregularmente las hectáreas.
El proyecto plantea que los ocupantes, a pesar de no ser beneficiarios de la reforma agraria, realizando un pago que será estipulado por el Indert ya puedan ser propietarios de las tierras.
Uno de los puntos más discutidos fue el expuesto por el liberal Juan Bartolomé Ramírez y que expresa que se requerirá, obligatoriamente, a las personas beneficiarias de esta ley, a los efectos de la adjudicación, formalización y finiquito de su compraventa, la presentación de documentos que avalen su capacidad económica o cualquier otro documento financiero que comprueben su solvencia y su capacidad de pago, así como demostrar vocación por el trabajo agropecuario.
El también liberal Víctor Ríos se opuso al planteamiento y sostuvo que “evidentemente ya no son tierras para la reforma agraria. Ya no se disimula la entrega que se hace”, puntualizó.
Finalmente, con la mayoría colorada y un sector de los liberales, aprobaron la iniciativa, que entre otras cosas también establece que los ocupantes tienen 180 días de tiempo para que se presenten a regularizar y una vez que se presentan, empieza el trámite que tiene que entregar el porcentaje mínimo, pagar al contado o solicitar los plazos suficientes de hasta siete años para poder pagar.
DIFÍCIL. Justo Cárdenas, titular del Indert, reconoció semanas atrás que es difícil administrativamente hablando, que los ocupantes de dicha propiedad abandonen el lugar y aseguró que “por vía judicial se tardarían veinte años en desalojarlos”, pues ya realizaron mejoras en las propiedades que administran actualmente.
Indicó que vendiendo cada hectárea a USD 1.500, se lograría recaudar alrededor de USD 120 millones por esta propiedad.
La expropiación de Antebi Cué lleva consigo cerca de 20 años de conflictos por irregularidades en su ocupación.
